La tormenta política en torno a las uniones entre parejas del mismo sexo que quedó en manos de los notarios y jueces debido a falta de reglamentación por parte del Congreso no para.

Una demanda contra el fiscal Eduardo Montealegre ante la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara fue interpuesta por parte del abogado Javier Armando Suárez, director de la Fundación Marido y Mujer.

Según  el jurista, el fiscal está induciendo a los jueces y notarios en incurrir en prevaricato al afirmar que estos pueden interpretar la sentencia C577 para realizar uniones entre parejas del mismo sexo.

“Le solicité a la Comisión de Investigación y de Acusaciones de la Cámara que investigue disciplinaria y penalmente al fiscal general porque con sus declaraciones ante los medios de comunicación en las que él afirma que los jueces pueden utilizar la denominación de matrimonio para estas parejas si ellos lo consideran así con base en la interpretación  de la sentencia C577, está empujando a los jueces a caer en el error de prevaricar”, afirmó Suárez.

“En mi opinión el fiscal está empujando a los jueces a caer en el error de prevaricar ya que ellos no tienen competencia jurídica para modificar la Constitución y para hacer el papel de legisladores. El artículo 114 de la Constitución Nacional y el artículo 150 de la Constitución, establecen quienes pueden en Colombia modificar la Constitución es el Congreso”, subrayó el abogado.

El demandante agregó que la interpretación viola la Constitución Política y el Código Civil.

“Si los jueces llegan a usar la denominación de matrimonio, estarían modificando el artículo 42 de la Constitución, estarían modificando el artículo 113 del Código Civil y estarían modificando las normas que el demandante ante la Corte Constitucional que había solicitado cuando se estudió el caso de las uniones homosexuales. Además, el alto tribunal estableció que no se declara competente para modificar el concepto hombre – mujer para la denominación de matrimonio, es decir que en el Colombia el matrimonio sigue siendo entre hombre y mujer”, dijo.

Adicionalmente, el abogado señaló que Montealegre se extralimita al hacer interpretaciones de las sentencias de la corte y de las funciones del procurador general.

“No es competencia de él, se está extralimitando en sus funciones. Él es el jefe del ente acusador, él no puede ponerse a hacer interpretaciones de las sentencias de la Corte, no es su función. No puede  dedicarse a interpretar las funciones del procurador general cuando dice que no puede investigar disciplinariamente a los jueces. Además que hace afirmaciones anticipando un fallo absolutorio a los jueces si estos llegaran a utilizar la denominación de matrimonio”, señaló.

El jurista anunció que de la misma manera denunciará al notario o al juez que use la figura de matrimonio en la interpretación de la sentencia.

“Envié un oficio al Superintendente de Notariado y Registro diciéndole que si un notario utiliza la denominación de matrimonio o unión marital al momento de establecer las uniones homosexuales, lo denuncio penalmente ante la Fiscalía y disciplinariamente ante la Procuraduría. También le envié un documento al presidente de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura en el que digo que si un juez de la República usa  la denominación de matrimonio o unión marital de hecho en las uniones homosexuales, igualmente se instalarían las denuncias ante la Fiscalía y la Procuraduría”, precisó.

Por el mismo caso, Suárez demandó en mayo ante la Comisión de Acusaciones a los magistrados de la Corte Constitucional por le presunto delito de prevaricato por usurpar funciones del Congreso.

La polémica

Tras la entrada en vigencia el pasado 20 de junio de la sentencia de la Corte que reconoce el derecho de los homosexuales a conformar un grupo familiar, el fiscal Montealegre y el procurador Alejandro Ordóñez se enfrentaron por el cumplimiento de la Ley por parte de los notarios y jueces.

En su pronunciamiento frente al tema, el procurador emitió una circular en la que advierte que dichos funcionarios podrían ser investigados en la que medida en que denominen matrimonio estas uniones.

En este sentido Ordóñez exhortó a los jueces y notarios para que “al formalizar y solemnizar las uniones de personas del mismo sexo a través de un contrato innominado (pues hasta ahora el mismo no existe en el ordenamiento jurídico), se ajusten a las normas vigentes; y a las autoridades administrativas para que respeten las funciones del legislador y se abstengan de crear e imponer instituciones jurídicas inexistentes, mucho menos en desmedro de los derechos fundamentales y de la protección integral que, de conformidad con la Constitución, se debe brindar al matrimonio y a la familia.

Incluso, el jefe del Ministerio Público sostuvo que esto funcionarios pueden apelar a la figura de objeción de conciencia para no realizar estas uniones.

Por su parte, el fiscal Montealegre rechazó la intención, al decir que sería una extralimitación.

“Si llega a haber un intento de sancionar a un notario que efectúe un matrimonio homosexual sería una extralimitación de poder y un abuso de autoridad”, afirmó  Montealegre.