Tras advertir que el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya en el diferendo limítrofe con Nicaragua vulneró la Constitución colombiana, ayer la sentencia fue demandada ante la Corte Constitucional.
La demanda argumenta que la decisión del Tribunal internacional “fracciona la estructura territorial del Estado Social de Derecho”.
De la misma forma, el demandante indica que el archipiélago de San Andrés y Providencia y sus islotes "pertenecen a la Nación y hacen parte del territorio marítimo, del subsuelo y terrestre del territorio colombiano".
Según lo expuesto en la querella, cualquier decisión sobre los límites marítimos debe respetar la voluntad política de un país.
El magistrado Luis Guillermo Guevara, deberá decidir en los próximos días si acepta o rechaza el estudio de la demanda.
A pesar del recurso judicial, varios juristas han considerado que estas acciones no modificarán la decisión de la Corte Internacional ya que sus fallos son de única instancia e inapelables.
La demanda se presenta en medio de una ofensiva diplomática por parte del Gobierno colombiano y luego que el presidente Juan Manuel Santos dijera que no aplicaría el fallo hasta que no se garantizaran los derechos de la población raizal. “Éste no se aplicará hasta tanto no estén resueltos y garantizados nuestros derechos, los derechos –por ejemplo– de los pescadores raizales de San Andrés”, indicó el Jefe de Estado a finales del año pasado.
Precisamente, el miércoles la viceministra de Asuntos Multilaterales de Colombia, Patti Londoño Jaramillo y varios representantes de la comunidad raizal, se reunieron con la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navy Pillay, en Ginebra, Suiza.
El objetivo del encuentro fue exponer las graves consecuencias
del fallo en lo que tiene que ver con el derecho al trabajo, a la cultura y a los lazos ancestrales que unen a la población afectada con el territorio del caribe occidental.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores “preservar los derechos de Colombia en el Caribe es una de las prioridades para el 2013, por eso se coordinó una agenda que incluye encuentros con el presidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH), Embajador Remigiusz A. Henczel; la directora de la Oficina en Ginebra de la Confederación Internacional de Sindicatos, la Secretaria del Grupo de Trabajo para el Consejo de Administración de la OIT, Raquel González, y el Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, James Anaya”.
Ofensiva diplomática
La Ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín, anunció en diciembre de 2012, la contratación de la firma inglesa de abogados Volterra Fietta, que será la encargada de interponer los recursos ante el fallo de la Corte Internacional de Justicia.
La Canciller señaló que se contrató al bufete de abogados para “guiarnos en la posibilidad de interponer recursos ante la Corte. Yo tengo una reunión con ellos a principios del año entrante en donde ya tendremos la primera impresión de parte de ese bufete de abogados sobre el fallo y las posibilidades que le den a los distintos recursos, así que ya a principios del año entrante tendremos más claridad de esto”.
Holguín expresó que la firma de abogados que se contrata “ya ha dicho que tenemos muchas posibilidades con algunos recursos. Esto creo que es importante. Es una firma de abogados que está mucho más en los temas de interponer recursos (…) que podemos avanzar en este tema de la Corte”.