Una plaga que va rumbo a dimensiones apocalípticas. Así se cataloga en muchas regiones lo que está pasando con el delito de la extorsión. Un flagelo que se extiende día a día y que afecta no sólo a las personas de clase alta y media, sino hasta a humildes trabajadores, vendedores ambulantes y hasta a los limosneros que tienen que pagar una ‘cuota’ a bandas criminales para poder ejercer la mendicidad en sus ‘zonas’.

Frente a ese fenómeno la Policía Nacional viene diseñando nuevas estrategias para neutralizar una acción criminal que no sólo mueve multimillonarias sumas mes tras mes, sino que es muy cambiante y tiene muchas modalidades según el método utilizado por los delincuentes o el perfil de las víctimas.

En Colombia se conocen varias clases de extorsión, entre ellas: la “siciliana”; la común o clásica; la telefónica y carcelaria; aquella que se ejerce a través de las redes sociales; la microextorsión… Incluso hay modalidades muy particulares entre estudiantes o aquella que se perpetra reteniendo desde mascotas hasta carros, motocicletas, bicicletas e incluso documentos… También es sabido que las redes de extorsionistas emplean a menores de edad para recoger los dineros o muchas veces son los propios adolescentes los que dirigen la actividad criminal.

Oficialmente las estadísticas policiales evidencian que hay una disminución en las denuncias de este delito. La Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal reveló que en el 2003 se registraron 2.267 denuncias de extorsión; en 2004, 2.346; en 2005, 1.821; en 2006,1.636; en  2007,1.060; en 2008, 830; en 2009, 1.373; en 2010, 1.352; en 2011, 1805; en 2012, 2.330 y en 2013, 239.

Sin embargo, como se dijo, una gran mayoría de los casos no son denunciados, ya sea por temor de las víctimas a retaliaciones o porque se trata de sumas de bajo monto.

 

Los autores

 

De acuerdo con los cuadros estadísticos del Gaula de la Policía, el 67% de las extorsiones son ejecutadas por la delincuencia común; el 16% por las Farc, el 14% por el Eln y el 2% por las bandas criminales o Bacrim.

Un hecho bastante llamativo es que el 23% de las víctimas de extorsión son menores de edad; el 19% comerciantes; 16% profesionales; 12% empleados y el 30% restante, las víctimas son ciudadanos de diferentes ocupaciones.

Y, en materia de microextorsión, el Gaula registra que el 89% de esta modalidad criminal es ejecutada por la delincuencia común y el restante por las Bacrim. En esta modalidad criminal no aparecen los grupos guerrilleros.

Según el director del Gaula, general Humberto Guatibonza,  enfrentar la extorsión tiene grandes dificultades, pues las víctimas no denuncian por miedo o por ahorrarse el trabajo de acudir a las unidades judiciales, y porque creen que pagando el dinero que les exigen resuelven su problema y que no vuelven a ser coaccionados, lo cual no es cierto.

La extorsión, explica el oficial, cuenta con el miedo, el temor y la sorpresa de la víctima, pues los delincuentes acuden a toda clase de intimidación y amenazas si se denuncia ante las autoridades. Incluso con información que encuentren en las redes sociales dan los nombres propios de la esposa, hijos,  padres e incluso empleados… Todo ello para lograr su objetivo de sacar un dividendo.

Sin embargo, según la Policía, gracias a la campaña “Yo no pago, yo denuncio”, y a la efectividad de los grupos Gaula, se registra en lo corrido del presente año un importante decremento en casos de extorsión, debido al registro de sólo 296 denuncias frente a las 553 del año pasado.

En lo corrido del año  ya están tras las rejas 425 presuntos integrantes de 21 redes extorsionistas sorprendidos en flagrancia. En 2012 fueron 2.569 los detenidos, debido a que la efectividad, según la institución armada, supera el 95 por ciento.

 

La clásica

 

El 72% corresponde a la llamada extorsión clásica que se hace por teléfono. Los delincuentes empiezan exigiendo entre diez y cincuenta millones de pesos, pero rápidamente llegan a un acuerdo y reciben uno, dos o tres millones de pesos. Y luego desaparecen del panorama cuando no hay denuncia o colaboración ciudadana.

Un 13% corresponde a la microextorsión que se registra en las principales ciudades y que se caracteriza por tener exigencias módicas, es decir, desde quinientos pesos hasta diez mil pesos, que pueden ser diarios, semanales, quincenales o mensuales.

En esta modaldidad no escapan los conductores de buses, busetas, colectivos y camiones, quienes deben cancelar pequeñas sumas de dinero para poder hacer sus recorridos sin contratiempos. Pero cuando se niegan a pagar, son víctimas de atracos, atentados y sus vehículos sufren importantes daños.

Otra modalidad de microextorsión es la que busca hacer pagar a los conductores una especie de “peaje ilegal” durante sus recorridos. Igual pasa con camioneros en algunas carreteras secundarias o de tercer nivel, en donde personas armadas bloquean la vía y exigen dinero tras afirmar que necesitan recursos para enfrentar a la guerrilla.

A otras víctimas les da vergüenza reconocer que pagan extorsiones entre los dos y cinco mil pesos diarios a delincuentes que, supuestamente, les ofrecen protección para que no sean asaltados. Incluso cuando las autoridades los  sorprenden pagando, solo atinan a decir que estaban cancelando una lotería o una pequeña deuda, por lo que el presunto extorsionista sale tranquilamente del establecimiento.

El testimonio de un tendero que paga diariamente entre mil y cinco mil pesos -y cuya identidad se mantiene en reserva por obvias razones- lo explica claramente: “tienen la dirección de la residencia de mis padres, los nombres de mi esposa y mis hijos e incluso los recorridos que hago cuando voy a las bodegas para surtir mi negocio. Yo sé que la Policía trabaja para mi protección y me asegura que esos delincuentes irán directo a la cárcel si colaboro, pero temo por mi vida y la de mi familia. Además me envían mensajes por mis teléfonos fijos y al celular e incluso por los correos electrónicos”.

 

Ojo a redes sociales

 

También se registra un dos por ciento en la extorsión a través de las redes sociales. Esta modalidad también es conocida como la “extorsión íntima” y en la mayoría de los casos es protagonizada por exparejas de mujeres o de hombres, por exnovios y por amigos adquiridos a través de la red. Las amenazas están relacionadas con publicar fotos íntimas.

Por ello también las autoridades recomiendan evitar esta clase de fotos y relaciones de infidelidad. Incluso piden no publicar en Facebook, Twitter y otras redes sociales fotografías con carros o apartamentos nuevos, para no llamar la atención de los delincuentes que todos los días están al acecho en búsqueda de víctimas.

 

La “siciliana”

 

En Colombia hace carrera desde hace años la llamada extorsión “siciliana” en la que delincuentes comunes se identifican como guerrilleros, paramilitares o de las Bacrim, para exigir módicas sumas de dinero a comerciantes, empresarios, transportadores y tenderos, entre otros, a cambio de prestarles protección y evitar que sean blanco de otros antisociales.

Este fenómeno se inició en Medellín, con los transportadores y luego se extendió a otras ciudades capitales.

Los extorsionistas exigen entre cinco, diez, quince y 20 mil pesos semanales a los transportadores.

 

La carcelaria

 

Esta modalidad, como su nombre lo indica, es empleada por delincuentes presos que, a través de información que adquieren en directorios telefónicos, las redes sociales o que les llevan sus cómplices en el exterior de los penales, coaccionan a sus víctimas para que les entreguen millonarias sumas a cambio de no atentar en su contra.

Para el director del Inpec, general Gustavo Adolfo Ricaurte, esta modalidad criminal viene en franco descenso, gracias a los bloqueadores de las señales de telefonía celular instalados en las prisiones.

Precisamente, la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa Palacio, confirmó que desde el 1º de enero a la fecha se trabaja en instalar estos equipos en los principales penales. Ya están en las cárceles de Puerto Triunfo (Antioquia), Pereira, Cali, Palmira, La Modelo (Bogotá), la colonia penal de Acacías (Meta), Bucaramanga, Pedregal (en Antioquia), Ibagué y Cúcuta.

Según la ministra Correa se trabaja en coordinación con el Inpec con tres planes denominados “Candado”, “Orión” e “Institucional” en un esfuerzo para lograr más esquemas de bloqueo de los centros penitenciarios de Valledupar, Barranquilla, Sincelejo, Cartagena, Riohacha, Santa Marta, Montería, Villavicencio, Itagüí, La Dorada, Arauca, Popayán, Girón, Jamundí, Quibdó, Pasto y Heliconias, en Florencia.

Aseguró el general Ricaurte que la Penitenciaría de La Picota, en Bogotá, se encuentra ‘bloqueada’ en más del 92 por ciento.

 

Los efectos

 

De acuerdo con los expertos de los Grupos Gaulas de las Fuerzas Militares y de la Policía, los ciudadanos que se convierten en víctimas de extorsión presentan dificultades que interfieren en el normal desarrollo de su vida.

“Rompen o afectan los vínculos familiares, de pareja, de amistad, con la comunidad y, algunas veces, de manera paradójica, con las mismas autoridades creadas contra estos delitos”, precisa un investigador judicial.

Insiste que durante estos procesos de secuestro o extorsión, es necesaria una orientación y un acompañamiento psicológico que ayude a que toda la complejidad de este proceso se logre enfocar de la manera más adecuada y tratar de evitar que se sumen otros efectos negativos.

 

Hay efectividad

 

El director del Grupo Gaula afirma que es difícil combatir el fenómeno de la extorsión y la microextorsión, si no se cuenta con la colaboración de las víctimas.

Aún así la institución cuenta con equipos de tecnología de punta y con expertos investigadores que conocen ampliamente todas las modalidades criminales y el “modus operandi” de las redes dedicadas a este flagelo, lo que permite resultados altamente satisfactorios en su combate y con muchos delincuentes en prisión.

El general Guatibonza reiteró que si hay colaboración ciudadana, los servicios de Inteligencia pueden actuar rápida y eficazmente.

En Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, entre otras ciudades, ya hay por lo menos 130 redes criminales tras las rejas.

Y esto pese a que las redes de extorsionistas emplean a los menores de edad en el cobro de las exigencias económicas y así evadir, en la mayoría de los casos, la acción de la justicia.

“El menor por su inexperiencia y en muchos casos por su ingenuidad, no mide las consecuencias de la acción que protagoniza”, señaló el alto oficial.

En cuanto a las extorsiones entre estudiantes en escuelas y colegios, el oficial explicó que se viene trabajando con intensas campañas en todas las entidades educativas y gracias a estos procesos se registra una significativa disminución.

Insistió en que la denuncia es el mecanismo más efectivo para enfrentar éste flagelo ya que su efectividad es de más del 95%. Es decir que de cada 10 casos denunciados, 9 se resuelven favorablemente.

Por lo mismo se pide a la ciudadanía que en caso de un intento de extorsión denuncie inmediatamente a las líneas gratuitas 147 ó 165.