Ante el aumento de los delitos sexuales en contra de la integridad de las mujeres, el presidente del Senado Roy Barreras, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), presentó ayer un proyecto de ley que pretende eliminar los beneficios y subrogados penales en varios delitos contra la integridad, formación y libertad sexuales.

La radicación se dio a instancias de la visita que la directora de ONU Mujeres Michelle Bachelet hizo en plenaria de la Corporación.

Según explicó el autor, para quienes cometan estas agresiones “no se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de libertad de suspensión condicional de la ejecución de la pena o libertad condicional, ni tampoco la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión. En la actualidad sólo se han suprimido estos subrogados en los casos en los que la víctima es menor de edad”.

Barreras señaló que también se creará una medida terapéutica que se aplicará a quienes hayan incurrido en estos delitos sexuales y hayan sido declarados inimputables.

“Este tratamiento se cumplirá en clínicas especializadas o centros clínico-siquiátricos como parte de una atención que será diseñada, dirigida y orientada por el Ministerio de la Protección Social tendiente a prevenir la reincidencia en el delito. Esta cartera creará un comité técnico científico encargado de definir los medicamentos que componen este tratamiento terapéutico”, manifestó el congresista.

Violencia contra mujeres

La iniciativa se suma a otras recientemente tramitadas o aún en curso.

En junio fue sancionada la Ley 1542, que reforma el artículo 74 de la Ley 906 del 2004 (Código de Procedimiento Penal), para garantizar la protección y diligencia de las autoridades en la investigación de los delitos de violencia contra la mujer, eliminando el carácter de querellables y desistibles a los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria.

La norma eliminó el carácter de querellable de los delitos de violencia intrafamiliar, es decir que ya no se requiere de una denuncia formal por parte de la víctima para que la justicia intervenga; además, estableció que en los procesos por delitos en contra de la mujer no podrá existir conciliación entre las partes y que cuando haya denuncia la víctima no podrá desistir de ella.

En trámite se encuentra un proyecto de ley que penaliza las agresiones con ácido como un delito autónomo.

Para la representante Gloria Stella Díaz, del Movimiento Independiente de Renovación Absoluta (MIRA), este delito “tiene que ver con una situación que está tomando mucha fuerza o que por lo menos se está visibilizando. Porque este no es un delito nuevo. Es algo que venía pasando, pero que las mujeres tienen muchísimo miedo a denunciar”.

Finalmente, el Congreso también estudia un proyecto de ley que reformaría la legislación vigente para brindarles a las mujeres un mayor acceso a la justicia, en especial cuando hayan sido víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Se trata del 037 de 2012 Cámara, “por el cual se modifican algunos artículos de las Leyes 599 de 2000, 906 de 2004 y se adoptan medidas para garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia sexual, en especial la violencia sexual con ocasión al conflicto armado, y se dictan otras disposiciones”.

La iniciativa es liderada por los representantes Ángela Robledo, del Partido Verde, e Iván Cepeda, del Polo Democrático, y cuenta con un grupo de ponentes coordinado por los representantes Victoria Eugenia Vargas (Partido Liberal) y Alfredo Bocanegra (Partido Conservador).

El articulado busca introducir modificaciones al Código Penal y al Código de Procedimiento Penal con el fin de disminuir la impunidad que existe en Colombia en relación con los delitos sexuales. “Algo no está funcionando bien cuando, a pesar de ser un delito fuertemente normado, la impunidad de este delito está por encima del 98 por ciento”, explicó Robledo.

Además, buscará garantizar a las mujeres el acceso a la justicia y la reivindicación de sus derechos a través de la adopción de algunas disposiciones que están relacionadas con la tipificación de los delitos de violencia sexual y de normas de procedimiento en materia de investigación y juzgamiento para esas conductas; asimismo con otras instrucciones relacionadas con medidas administrativas encaminadas a proteger los derechos de las mujeres en cuanto a libertad, integridad y formación sexual.

Robledo, quien ya lleva varios años trabajando el tema de la violencia sexual contra las mujeres, advirtió que este es un crimen de lesa humanidad que no es denunciado por las víctimas: “En los últimos diez años, unas 400.000 mujeres han sido abusadas sexualmente y el 82 por ciento no denuncia por miedo a sus victimarios, por vergüenza o porque no confía en la justicia”.