El fiscal Eduardo Monte alegre alegó que los desmovilizados de la guerrilla deben tener la posibilidad de participar en política sin ningún tipo de límite.

En el marco de una audiencia pública celebrada en la Corte Constitucional, el fiscal, pidió que se declare  inexequible los artículos que limitan a los guerrilleros condenados por crímenes de lesa humanidad

No estoy de acuerdo que los condenados pierdan de por vida sus derechos políticos,  aseveró el  fiscal e indicó que “limita de forma absoluta la participación política y al restringir cercena la posibilidad de buscar una salida negociada al conflicto, porque impide la participación en política y profundiza la exclusión de esos miembros en la sociedad”.

Por su parte el procurador Alejandro Ordóñez salió al pasó y como era de esperarse rechazó la  solicitud del Montealegre  diciendo que dándole esta poder a los guerrilleros “serán ellos quienes diseñen las políticas públicas de reparación”.

Además el Jefe del Ministerio Público dijo que de concederse dicha petición se le estaría demostrando a los ciudadanos  de a pie que “el crimen si paga”.

El jefe del ente de investigación dijo que “todas las autoridades del Estado deben propender por el logro de paz, de lo contrario la paz sería un ideal inalcanzable e irrealizable”

Al respecto el  ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, sostuvo que los colombianos “estamos obligados a buscar la paz tras haber estado condenados a sufrir un conflicto armado durante más de 60 años”. Asimismo, insistió en que abrir la posibilidad para que los excombatientes participen en política es garantizarles a las víctimas que la barbarie no se repetirá.

“Y de modo particular las garantías de no repetición pues un escenario de paz estable y definitiva que permita que los antiguos combatientes encuentren en el cauce democrático y civilizado el escenario para el debate político, asegura que los crímenes que se perpetraron contra las víctimas no volverán a ocurrir”, señaló el alto funcionario.

El Ministro también increpó a quienes todavía no entienden la importancia de lo que está en juego para la paz del país:

“Es inadmisible que se quieran poner talanqueras jurídicas a esta histórica oportunidad de acabar con el conflicto y crear un marco legal compatible con la Constitución. El conflicto armado persiste con sus consecuencias y ahora tenemos la importante oportunidad de ponerle fin” dijo.

Y siguió. "Sostener que tras la firma de los acuerdos la consecuencia sea la negación de la reincorporación civil y la participación política de los desmovilizados, ello no solamente haría inviable un proceso orientado a la solución de un conflicto armado, sino que se convertiría en un factor que podría revertir con peores consecuencias para la paz negociada”.

Gómez Méndez insistió en que la participación política, antes que contradecir el modelo constitucional, lo fortalece y que el Marco Jurídico para la Paz consagra un modelo perfectamente compatible con la Constitución.

“La finalidad de la participación de los excombatientes es asegurar el paso a la política sin armas, al debate ideológico de manera amplia e incluyente y con sujeción a los principios y reglas de juego de la democracia constitucional con la garantía de que puedan hacerlo sin temor a represalias o a la violencia”, sostuvo el Ministro.