En un país en donde cada hora se pierden 20,6 hectáreas de bosque natural, pensar en la posibilidad de éxito de una política que busca disminuir a cero la deforestación en el año 2030 no es fácil.

Sin embargo, esa es la meta que se ha puesto el Estado. Una meta que es, a todas luces, urgente de cumplir, más aún al conocerse las cifras sobre la cantidad de extensión de zonas de árboles que se perdió el año pasado. Según el informe revelado días atrás por el Ideam, la tasa de deforestación en el  2015 fue de 124.000 hectáreas de bosque natural y para el 2016 ascendió a 178.597 hectáreas, lo que representó un aumento de 44 por ciento. Dichas estadísticas lo único que ponen de presente es que estamos frente a un flanco más de la tragedia ambiental que afecta al país en diferentes ámbitos, que van desde el grave deterioro de las fuentes de agua por flagelos como los narcocultivos y la minería ilegal, pasan por las nefastas consecuencias del cambio climático y terminan en los no menos lesivos índices de contaminación del aire y degradación de la capa vegetal…

Lamentablemente que Colombia no sabe cuidar su riqueza forestal no es ninguna novedad. La tendencia a talar grandes extensiones de zonas boscosas para ampliar la frontera agrícola o urbanizar esos espacios continúa siendo la principal amenaza. El informe del Ideam así lo confirma al reseñar que la praderización causa el 45 por ciento de la deforestación. Aquí no hay, pues, ninguna facción armada o móvil ilegal sino que son campesinos, hacendados, urbanizadores así como comunidades y autoridades locales, la mayoría de ellas rurales, las que invaden las áreas de bosque, lo talan y depredan. Sin duda es un hecho preocupante que debe llamar a las instancias estatales en todos sus niveles a entender que de poco sirve que Colombia tenga una de las legislaciones ambientales más modernas y amplias en materia de sanciones a los infractores, si se continúa fallando garrafalmente en su aplicación.

Las otras causas de la deforestación, aunque en menor porcentaje, son igualmente preocupantes pues se refieren a los cultivos de uso ilícito (22 por ciento), desarrollo de infraestructura vial (10 por ciento), incendios forestales (8 por ciento), ganadería extensiva (8 por ciento) y extracción ilícita de minerales (7 por ciento). Dentro de estas es claro que el cambio climático tiene un efecto transversal y prueba de ello es que el año pasado, por ejemplo, más de 72 mil hectáreas de capa vegetal fueron afectadas por las llamas, producto en especial de la intensa sequía que se registró en los primeros meses y que, incluso, estuvo a punto de generar un racionamiento eléctrico a gran escala, en tanto que más de 400 municipios sufrieron disminuciones de distinto nivel en materia de suministro de agua.

De otro lado, es claro que los yerros de la política antidrogas del Gobierno también le están pasando factura a la riqueza forestal del país, toda vez que, como lo han reiterado distintas instancias nacionales e internacionales, la negociación de paz con las Farc generó una especie de “incentivo perverso” para miles de familias que, incluso aupadas por la misma guerrilla, se lanzaron a sembrar hoja de coca, marihuana y amapola con el fin de hacerse a las compensaciones económicas que se pactaron en La Habana para quienes participen de los programas de erradicación manual y voluntaria de los narcocultivos. No hay que olvidar que ese incremento del área sembrada ha sido constatado por todos los informes al respecto, siendo el más grave el emitido por las autoridades estadounidenses, según el cual Colombia cerró 2016 con más de 188 mil hectáreas de narcocultivos. Incluso este fin de semana trascendió que otro informe de la ONU al respecto, que será dado a conocer en próximos días, también evidencia un crecimiento récord, al pasar de 96 mil hectáreas en 2015 a 146 mil a diciembre pasado, lo que implicaría un aumento de 52 por ciento. No se puede olvidar que lamentablemente los parques nacionales y otras zonas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas son los preferidos por los narcotraficantes para esta clase de sembradíos.

Visto todo lo anterior, se entiende por qué no es fácil preservar las 59 millones de hectáreas de bosques que hay en el país (es decir que abarcan el 52 por ciento del territorio). Aunque todas las esperanzas están puestas en la nueva “Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques”, presentada la semana pasada, es claro que el éxito de la misma depende de la capacidad del Estado para hacer cumplir la legislación vigente, una materia en la que, lamentablemente, las falencias pululan.