La ponencia para último debate al proyecto de reforma a la Justicia será radicada hoy.
Según trascendió, el texto que será discutido en la plenaria de la Cámara ahonda en temas poco analizados como la creación de periodos de transición entre las nuevas entidades y las que desaparecen, de forma tal que no existan vacíos jurídicos, sobre todo ante la liquidación del Consejo Superior de la Judicatura.
El articulado establece de manera clara que la Sala Administrativa ahora se llamará Consejo de Gobierno de la Rama Judicial. También se creó el Consejo Disciplinario, que remplazará a la Sala Jurisdiccional. Esos son los principales cambios que introdujeron en texto que se discutirá y se votará a partir de esta semana en octavo y último debate.
Los ponentes de la Reforma a la Justicia esperan que a más tardar el próximo jueves sea aprobada la iniciativa y así pasará a la conciliación con lo que recibió visto bueno en la plenaria del Senado.
El representante por el Partido Verde, Alfonso Prada, explicó que se trabajó en mejorar algunos puntos, pero más que todo desde de la redacción.
Ya en cuanto al fondo, Prada señaló que lo que se pretende es que los procesos transitorios de las entidades nuevas y las que desaparecen no sean tan traumáticos sino, por el contrario, ágiles y con la mayor facilidad. “Esos tránsitos, como tienen expedientes de planificación y ejecución presupuestal de por medio, los estamos regulando en artículos transitorios”, precisó.
Para Prada es indispensable que el tema de los aforados esté acompañado por una legislación de transición en la que se precise algunos puntos incluidos dentro de la reforma a la Justicia, ello con la finalidad de que no existan vacíos jurídicos. Las investigaciones en curso tienen términos de ley que no se pueden congelar o dilatar.
Otro de los ponentes, Guillermo Rivera, del liberalismo, manifestó que ese régimen transitorio debe permitir que no sufran traumatismo las instituciones que pierden o adquieren competencias nuevas.
“Lo que hemos querido definir es la manera en que se pueden hacer la fusiones de competencias de las entidades o corporaciones nuevas”, dijo Rivera.
Explicó que la nueva estructura de administración que tendrá la Rama Judicial es más interesante porque es un gobierno judicial más democrático, donde no solo participan las altas Cortes, sino también los magistrados de los tribunales y los jueces.
Rivera manifestó que otro de los puntos nuevos que trae el texto es la inclusión de un representante de las facultades de Derecho. Aclaró que se le da la posibilidad a las facultades de participar en el gobierno de la Rama Judicial. “Estamos pensando en incluir en la Sala de Gobierno Judicial a un representante de las facultades de Derecho que tengan la más alta acreditación en calidad”, precisó.
A su turno, el parlamentario de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino, dijo que se respeta el texto que viene del Senado y de la Comisión I de la Cámara, pero aseguró que para último debate se hicieron algunos ajustes, como en caso de la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Aquí se determina por quiénes estará conformada la Comisión de Aforados y se especifica si será externa o interna.
Para Varón Contrino, al igual que para Prada y Rivera, es clave crear escenarios puntos transitorios que no afecten el desarrollo de la ley y que dejen en claro las nuevas funciones.
Jaime Buenahora, también ponente, resaltó que la ponencia mejora sustancialmente la iniciativa que está a punto de convertirse en reforma constitucional.
Indicó que es necesaria la transitoriedad en varios puntos, como la eliminación de las dos salas del Consejo Superior de la Judicatura. “Aquí se crean tres instancias, entre ellas el Consejo de Gobierno, que estará integrado por cinco integrantes”, agregó. Hay una segunda instancia que se conoce como el Consejo Ejecutivo de la Rama Judicial, que es el encargado de ejecutar las políticas dictadas por el Consejo de Gobierno. Ese Consejo Directivo estaría conformado por delegados de las altas Cortes y por un director ejecutivo.
Buenahora recalcó que el propósito fundamental de las leyes de transición es que no reine el caos total.
Por último, el representante Carlos Augusto Rojas, del Partido Conservador, anotó que aunque él no pertenece al grupo de ponentes sí considera que sería un error implementar todo el nuevo andamiaje judicial de una sola vez, porque si el proceso se hace de un solo tajo se crea un traumatismo en la Rama.
Los ponentes esperan reunirse desde temprano hoy antes de radicar la ponencia en la Secretaría de la Cámara.
Para el senador Eduardo Enríquez Maya son necesarios los periodos de transición, al menos por tres meses, mientras entran a operar las nuevas entidades. Y puntualizó que si se tiene en cuenta que ya no se tendrá el Consejo Superior de la judicatura, se debe dar un tiempo de transición para que entren las nuevas operaciones.