El pulso  por el beneficio penal que debe dárseles a los integrantes de la Fuerza Pública condenados por delitos cometidos en servicio, haya o no proceso de paz, se toma ahora el Congreso.

El Centro Democrático radicará hoy un proyecto de ley que, según lo explicó el expresidente y senador Álvaro Uribe, busca poner un tope máximo de cinco años a las condenas a los militares y policías culpables de delitos cometidos en servicio o con ocasión del mismo en el marco del conflicto armado.

De esta forma, los integrantes de las Fuerzas Armadas que estén o deban ir a la cárcel, por sentencia o medida de aseguramiento, debido a violaciones a la ley cometidas, por ejemplo, en operaciones de preservación del orden público, tendrán una pena máxima de 5 años. El beneficio no tendría efectos ilimitados, ya que sólo cobijaría hechos acaecidos hasta la fecha en que la ley, si es aprobada, entre en vigencia.

El exmandatario reiteró que no comparte que el Gobierno  condicione los beneficios a los militares condenados a lo que pase con el proceso de paz. Una condición -dijo- “de que haya un acuerdo con las Farc y a través de un concepto de justicia transicional que consideramos inaplicable al Ejército y a la Policía, que nunca deberían ser considerados de igual a igual con el terrorismo”.

Sostienen  los voceros uribistas que este proyecto da un alivio penal a todos los militares y policías, que implica, de un lado, que sus delitos no quedan impunes y, de otro, que se les otorga el beneficio sin la condición de que haya un acuerdo de paz con la guerrilla.

De acuerdo al senador Alfredo Rangel, del Centro Democrático, el proyecto establece también que “…quienes hayan sido condenados y han cumplido una tercera parte de la condena, pueden completar cinco años de privación de la libertad en detención domiciliaria”.

Sostuvo que quienes lleven más de cinco años presos podrían tener una libertad condicional durante dos años, al cabo de lo cual quedarían libres. “Con este proceso se busca que esos procesos queden cerrados y blindados hacia el futuro, para que no se puedan reabrir procesos relacionados con los mismos hechos”, puntualizó.

Reacción del Gobierno

La iniciativa del uribismo generó múltiples reacciones, ya que se presenta en momentos en que el proceso de paz con las Farc atraviesa una crisis y cuando en el Congreso se tramitan varios proyectos relacionados con el fuero penal militar.

El ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, dijo que el Gobierno ha venido trabajando en una iniciativa similar. “La verdad es que en esa materia nosotros hemos venido trabajando con las Fuerzas Militares y de Policía desde haces más de 6 meses, en unos proyectos en los cuales tenemos unos consensos, ya muy ordenados y consolidados, en materia de justicia transicional, y eso no tiene que ver exclusivamente con relación a los oficiales o suboficiales que se hayan visto comprometidos en conductas irregulares en medio del conflicto”, explicó a Caracol radio.

El funcionario recordó que en el marco de la justicia transicional los beneficios no solo serán para la insurgencia, sino también para los agentes del Estado. “Hemos avanzado pero con creces en el diseño de una justicia transicional para los agentes del Estado, que va mucho más allá del proyecto anunciado por el Centro Democrático”, recalcó.

Controversia

En el Parlamento también hubo múltiples reacciones. El senador Manuel Enríquez Rosero (La U) se mostró de acuerdo con la iniciativa pero indicó que no se podía confundir con el proyecto de reforma al fuero penal militar, del cual es ponente y pasó la semana pasada a sexto debate en la plenaria.

“Lo que está proponiendo el expresidente Uribe es que si los exguerrilleros van a estar sometidos a la justicia transicional, con unas penas reducidas, eso quiere decir que los militares que hayan sido condenados también puedan pagar una pena mínima, eso es hasta cinco años”, dijo.

Recordó que el Ejecutivo viene trabajando en el tema de la justicia trasnacional que también debe involucrar a los militares. “No habría explicación a que mientras los guerrilleros que hubieran cometido  delitos y masacres terminen llegando al Congreso o a las gobernaciones y alcaldías, los militares terminen condenados a 60 años”, explicó. 

A su turno, el representante del Polo Democrático, Germán Navas Talero, se mostró en desacuerdo con la iniciativa. “Por mi formación como abogado en derecho penal, me opongo a que se sigan desacreditando las penas, se sigan negociando, ya con los paramilitares fue suficiente. Ahora quien cometa un delito deberá estar sometido a la pena que diga en la ley”, precisó.

El representante conservador Telesforo Pedraza se ubicó en la otra orilla y respaldó la iniciativa.  “… No se puede confundir las peras con las manzanas. El tema de los militares no puede ser un tema tratado como lo será la justicia transicional para los guerrilleros de las Farc”, sostuvo.

Entretanto, el representante liberal, Juan Carlos Lozada, consideró el proyecto uribista como oportunismo político y ganas de hacer noticia sin un verdadero fundamento. “Eso me parece muy complicado porque las penas tienen que ser acordes a los hechos y, en ese orden de ideas, no se puede poner una pena estándar dependiendo de quién comete (el delito)”.

Para el excomandante de las Fuerzas Militares, general (r) Harold Bedoya, lo que se debe hacer es dejar libres a los soldados y militares, y reincorporarlos a los batallones para que luchen contra el enemigo que está destruyendo a Colombia.

“Lo que pasa es que hay muchos militares que están esperando que los absuelvan porque no tienen culpabilidad. Así los hayan condenado en primera instancia y segunda, lo que esperan es una absolución, ese es el caso del coronel Plazas”, dijo.

“Lo que no creo es que la justicia revolucionaria, que es la que se está negociando en Cuba, nos venga a los colombianos a imponer sus condiciones, ellos (los guerrilleros) quieren no pagar un solo día de cárcel y nosotros no tenemos que someternos a ellos”, advirtió.