El presidente Ollanta Humala cumple su primer año de gobierno con serias deficiencias en el manejo de conflictos sociales y en el control del narcotráfico, pero con aciertos en el campo económico para sostener el crecimiento de Perú, dijeron expertos y analistas.

Las protestas contra varios proyectos mineros, en defensa del agua y del medioambiente, se convirtieron en la piedra en el zapato de Humala por su alto costo social: 17 civiles muertos y más de 2.300 heridos en diferentes conflictos en los últimos 12 meses.

"Los conflictos sociales dominan la escena porque no hay un manejo adecuado de ellos en la medida que no hay partidos políticos fuertes en las regiones donde ocurren y son reemplazados por grupos locales que se desarrollan en torno al conflicto", dijo el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi.

Según la Defensoría del Pueblo, la cifra de muertos en protestas se elevó a 17 tras los cinco fallecidos en julio en Cajamarca (norte), en las manifestaciones contra el proyecto Conga de la minera estadounidense Newmont.

Como señal de que las protestas son un dolor de cabeza para el presidente, Humala decretó tres veces el estado de excepción en distintas ciudades del país, fundamentalmente por conflictos vinculados a la minería.

La imagen de Humala sufrió los embates de ese costo: su desaprobación alcanzó el 51% en julio, su nivel más alto desde que juró el 28 de julio de 2011, según un sondeo de Ipsos Apoyo realizado a 1.200 personas.

La economía, sin embargo, ha sido la niña mimada de la gestión de Humala, que mantuvo el modelo económico de libre mercado vigente desde 1990, a pesar de haber insinuado en su campaña electoral que haría cambios, mientras se especulaba con una eventual alianza, que no ocurrió, con el presidente venezolano Hugo Chávez.

Esa decisión le valió el apoyo del empresariado, con quien vive una luna de miel, pese a que la mayoría de ellos votó por su rival Keiko Fujimori, hija del exmandatario Alberto Fujimori (1990-2000), preso por violaciones a los derechos humanos./AFP