Luego de una visita en terreno en varios municipios del departamento del Putumayo, con el propósito de recopilar testimonios de las comunidades indígenas allí asentadas respecto a los efectos nocivos del herbicida, la Defensoría del Pueblo respaldó las recomendaciones para suspender dicha estrategia en el marco de la lucha contra las drogas.

 

En virtud de una acción de tutela instaurada por líderes de los resguardos en poblaciones como Orito, Puerto Caicedo y Villagarzón, la Corte Constitucional le solicitó a la Defensoría realizar una inspección humanitaria para conocer de primera mano las inquietudes de los habitantes, cuyas versiones fueron consignadas en un informe entregado recientemente a ese alto tribunal.

 

Funcionarios de la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas de la Defensoría estuvieron en la zona entre los meses de febrero y marzo de este año, cuando visitaron 10 comunidades en las que se encontraron 378 familias conformadas por 1.378 personas, de las cuales 486 son niñas y niños.

 

Los testimonios recopilados por la Defensoría del Pueblo y remitidos a la Corte Constitucional indican que lasfumigaciones fueron permanentes e intensas entre los años 2000 y 2007, que fueron suspendidas en 2008, pero se reanudaron en 2011 y se mantuvieron cada tres meses hasta septiembre del año pasado.

 

Señalan los indígenas que como consecuencia de las aspersiones con glifosato, 15 fuentes hídricas resultaron contaminadas, entre ellas 11 quebradas, dos ríos y dos nacimientos de agua en los caños El Cofre y Santa Rosa de Villagarzón. Todos, incluido el resguardo Santa Rosa de Juanambú que no hace parte de la demanda, coincidieron en los daños a la salud, los recursos naturales, la afectación en los cultivos de pancoger, el deterioro de los suelos y ecosistemas, así como la pérdida de especies difícilmente recuperables como erizos, armadillos y venados.

 

En materia de afecciones a la salud, las comunidades entrevistadas por la Defensoría refieren enfermedades dermatológicas, digestivas y respiratorias, siendo frecuentes según ellos, los dolores de cabeza, los casos de intoxicación  y síntomas como la diarrea y la fiebre entre los niños.

 

En cuanto a las siembras, advierten amplias pérdidas en plantaciones de caucho, maíz, cebolla, caña, plátano, yuca y chontaduro, entre otros productos. 

 

En dos de los cabildos visitados, la Delegada para Indígenas y Minorías Étnicas encontró que de 32 familias en un caso y 20 en otro, solo quedaban en el sitio 10 y una respectivamente, pues el desplazamiento forzado provocado por las mismas fumigaciones y por la constante presión de los grupos armados ilegales ha impedido su retorno.

 

En general, las comunidades se mostraron dispuestas a participar en programas concertados de sustitución con garantías de sostenibilidad, por lo que la Defensoría del Pueblo, además de apoyar la suspensión de las fumigaciones con glifosato, exhorta a las autoridades competentes y al Gobierno Nacional para que se adopten las medidas de protección integral y garantía para los derechos de estos colombianos.