Cobertura en 36 regionales del país y vigilancia directa sobre 1.000 de las mesas habilitadas en Bogotá, ejerce la institución desde las 8 de esta mañana.

Un dispositivo especial de acompañamiento para apoyar las actividades de control y vigilancia encaminada a garantizar la transparencia de las elecciones presidenciales, adelanta la Defensoría del Pueblo en 36 regiones del país, a través de un plan estratégico coordinado con la Procuraduría General de la Nación y las Personerías municipales y distritales.

En el caso de Bogotá, 350 funcionarios de la institución tienen presencia directa en al menos 85 puestos de votación habilitados en la capital de la República, equivalentes a un millar de mesas dispuestas para el sufragio de los ciudadanos.

Hasta la noche anterior, la Defensoría tuvo conocimiento de 166 quejas presentadas ante la Unidad de Reacción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel), en todo el territorio nacional, relacionadas principalmente con violación al régimen de propaganda electoral, corrupción al sufragante y participación en política de funcionarios públicos. De hecho, la fuerza pública reportó esta mañana dos casos relacionados con decomiso de material electoral en los departamentos de Amazonas y Norte de Santander.

Asimismo, se ha conocido sobre la reubicación de 77 puestos de votación en el país, equivalentes a 118 mesas en 10 departamentos, fundamentalmente por temas logísticos que de acuerdo con la Registraduría Nacional del Estado Civil no representan traumatismos para que los electores puedan ejercer su derecho al voto en esas regiones.

Cabe recordar que además del dispositivo del ministerio público, del cual hace parte la Defensoría del Pueblo, hay 64 observadores de la Organización de Estados Americanos, OEA; 35 de la Unasur y 4.000 de la Misión de Observación Electoral, MOE, articulados a todo un engranaje de control y vigilancia de cara a esta jornada democrática.