Tras el  asesinato del presidente del Concejo de Puerto Asís (Putumayo), Luis Celima Chalpatar el fin de semana, el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora, le pidió a la Unidad de Protección del Ministerio del Interior establecer medidas de seguridad para 4.700 concejales del país que se encuentran amenazados.

El Defensor advirtió que del total de cabildantes en situación de riesgo en el país, 2.400 carecen de medidas de protección efectiva.

La petición fue dirigida al ministro del Interior, Aurelio Irragori, y al director de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar, en la que el Defensor pide que se lleve a cabo una reunión de urgencia para analizar la situación de seguridad de los cabildantes del país.

Otálora expresó su preocupación por algunos casos puntuales como la situación de 11 concejales de Riosucio y Litoral del San Juan, en el Chocó, entre otros municipios, quienes fueron amenazados por parte de grupos armados ilegales.

El concejal de Bogotá y secretario general de la Federación Nacional de Concejales (Fenacon), Álvaro Argote, rechazó el homicidio y anunció que acudirán ante organismos internacionales para denunciar el “genocidio” del que han sido víctimas.

“Fenacon condena el acto criminal del homicidio, de donde provenga, del colega Luis Celima Chalpatar Rivera, presidente del Concejo Municipal de Puerto Asís Putumayo. Es cobarde acudir al crimen para acallar al contradictor y reiteramos que no sólo acudimos a la justicia nacional para exigir verdad justicia y reparación, sino a los organismos de justicia internacionales frente al genocidio de los concejales en nuestro país, con más de 400 asesinatos en los últimos diez años”, expresó Argote.

Denuncian falencias

La Defensoríamanifestó su preocupación ante la denuncia de Fenacon en relación a que del total de 2.300 concejales que cuentan con esquemas de seguridad, el30% presenta fallas.

“Resulta preocupante el reporte entregado por Fenacon, en el que se indica que el 30% de los 2.300 concejales que en la actualidad cuentan con esquemas de protección han manifestado inconformidad relacionadas, entre otros, con la irregularidad en los pagos de reubicación y transporte, teléfonos celulares asignados que no poseen cobertura en muchas zonas del país y entrega de chalecos blindados con fechas de vencimiento del año 2010 o en años anteriores, quienes quedan expuestos a situaciones de riesgo”, agregó Otálora.

También se destacó la inconformidad expresada por los concejales en relación con los “extensos términos” (2 a 6 meses) que se presentan entre el estudio del nivel de riesgo y la comunicación de la valoración del mismo como de la implementación de las medidas de protección.

Compromisos de Gobierno

En reciente reunión con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, la concejal de Bucaramanga y presidenta de la Fenacón, Carmen Lucía Agredo, le recordó al funcionario el malestar frente a la falta de interés del director de la Unidad Nacional de Protección frente a la seguridad de los cabildantes.

“Son cinco mil amenazados y de alto riesgo al menos 3.000”, dijo Agredo.

En el encuentro, el Ministro se comprometió a la “instalación de una mesa de discusión con la participación de la representación de los concejales y del Gobierno, especialmente del Ministerio de Hacienda y Ministerio del Interior, esto significa que sobre los temas fundamentales que aquejan a los concejales”.

Sobre las conclusiones se expresó que “aparte del mecanismo, no se ha concretado absolutamente nada. El Ministro se comprometió a facilitar unos aportes económicos para la realización del Congreso extraordinario de los 20 años de Fenacón, como también de examinar un aporte económico para la restauración de la Sede de Fenacón”.

En la reunión, los corporados del país le anunciaron al Gobierno la posibilidad de ir a paro ante los problemas de seguridad, salariales y de seguridad social.

Señaló que el titular de la cartera de Hacienda se mostró dispuesto a mediar para que la seguridad sea fortalecida y analizar la remuneración de los concejales sobre todos los que no alcancen a obtener el salario mínimo.

El Gobierno anunció la revisión de la ley 617 y reliquidar la asignación de los concejales para se vuelva a la fórmula anterior y así mejorar el ingreso de los miembros de los cabildos municipales.

En relación a las inquietudes, Villamizar dijo que los concejales que se han reportado en situación de riesgo “se les ha dado la medida de protección correspondiente. A 500 que se les iba a suspender las medidas de seguridad porque estaban haciendo mal uso de la medida. Están incluso incurriendo en fraude. Cobran apoyo de reubicación y apoyo de transporte. Se les notificó que rindan descargos”.