Atención prioritaria para 114 personas de 30 familias que viven a orillas de la carretera que de Cartagena conduce a la vereda Púa, del corregimiento de Arroyo de Piedra de la capital de Bolívar, exigió la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar a la autoridades departamentales.

Las familias fueron desalojadas de sus viviendas el 11 de abril por un grupo armado ilegal. La Defensoría también les pidió a las autoridades que las protejan ante la aparición reciente de panfletos en el que amenazan a los líderes de esa comunidad.

La Defensoría realizó visitas humanitarias a las familias afectadas e insistió en las exigencias al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); a la Secretaría de Desarrollo Social, al Departamento de Salud Distrital y a los Bomberos para que se preste atención urgente a la comunidad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran viviendo en 'cambuches'.

Precisamente, de las 114 personas hay 20 niños y 17 niñas. Además, en el sitio se encuentran 32 mujeres, 2 de ellas en estado de gestación; 9 adultos mayores; 2 personas con discapacidad y 34 hombres. Se estima que un 80% de las familias desalojadas son víctimas del conflicto armado que se habrían reubicado en el lugar desde hace unos 10 años.

Según denuncias de la comunidad, el viernes 11 de abril fueron víctimas de un grupo armado que les exigió abandonar las casas que habitaban en la vereda Púa. Posteriormente, aparecieron miembros de la Policía que adelantaron un proceso de desalojo, ante lo cual la comunidad se vio obligada a armar 'cambuches' a la orilla de la vía.

Ante esta situación, la Defensoría del Pueblo Regional Bolívar le exigió a la Fuerza Pública que dé a conocer las órdenes judiciales o administrativas que dieron lugar al desalojo y solicitó a la Procuraduría que se investiguen las denuncias contra miembros de la Policía Nacional por el supuesto abuso de autoridad y de la fuerza.

La Defensoría del Pueblo Regional Bolívar también le pidió a la Alcaldía de Cartagena darles prioridad en la atención a las familias que ya eran víctimas del conflicto armado y habían sido reubicadas en esa zona. Al respecto, le solicitó al Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) adelantar las gestiones definitivas para establecer la situación jurídica de los terrenos en la vereda Púa. Y de manera urgente insistió a la Secretaría del Interior del Distrito la atención a la comunidad, porque no tienen ni agua ni alimentos.

Por último, la Entidad solicitó a las autoridades judiciales investigar la autoría de los panfletos que aparecieron el miércoles anterior y en el que se dio un plazo hasta este domingo 4 de mayo para que tres líderes de esa comunidad se vayan del sitio. Así mismo, exigió a la Alcaldía de Cartagena, a la Secretaría del Interior y a la Policía Nacional que tomen medidas de seguridad para garantizar el respeto a las vidas de los amenazados por un supuesto grupo armado ilegal que se hace llamar los 'Caballeros antitierras'.