La semana pasada una comisión humanitaria de alto nivel de la Defensoría del Pueblo visitó varias comunidades indígenas afectadas por la falta de comida. Además de desnutrición, los indígenas Wayú no tienen agua potable ni servicios de salud adecuados.

"La Defensoría del Pueblo hace un llamado urgente al Gobierno Nacional para que atienda de forma prioritaria e integral la problemática que afecta a la población indígena de La Guajira", afirmó el Vicedefensor del Pueblo, Esiquio Manuel Sánchez Herrera, al terminar el debate de control político en la Comisión Séptima del Senado sobre la desnutrición de niños en ese departamento.

El Vicedefensor Sánchez Herrera agregó que "hay un problema de salubridad pública en todo el departamento de La Guajira, afectando en esencia a la mayoría de la población indígena y principalmente a los niños, niñas y adolescentes".

En una reciente visita que realizaron funcionarios de la Defensoría del Pueblo a esa región, se constató que además de la desnutrición de los indígenas Wayú, estos tienen otros graves problemas como una incompleta asistencia en salud y no cuentan con agua potable, lo cual agrava su ya preocupante situación.

El mismo viernes de la semana pasada, la Defensoría del Pueblo convocó a las demás entidades que conforman la red de controladores del sector salud para analizar la problemática. Allí concluyeron, entre otras cosas, que las muertes por desnutrición de 14 niños durante 2013 en ese departamento fueron injustificadas y evitables. Y que por lo tanto, en La Guajira se han violado los derechos a la vida, a la salud, la dignidad e integridad, los derechos de los niños, niñas y adolescentes, al mínimo vital, a la alimentación y a la educación.

Al respecto, el Vicedefensor recalcó en que "hay una multiplicidad de factores que determinan la ocurrencia de varias muertes de los niños por causa de la desnutrición. El tema esencial es el mal manejo que hay en las EPS y las IPS, la falta de atención y la falta de cobertura de los diferentes programas".

El informe elaborado por las Delegadas de la Defensoría del Pueblo para la Salud; para la Población Indígena; para la Infancia y para las Políticas Públicas, además de la Defensoría Regional Guajira, destaca la ausencia de una política integral del Estado dirigida a la atención de las familias indígenas en temas como hábitos saludables, saneamiento básico y acceso a alimentos y a agua potable.

"El líquido escasea y hay un problema de falta de agua potable para la gran parte de la población menor de edad de los indígenas Wayú en todos los sectores de La Guajira, fundamentalmente en la zonas de Uribia, Manaure y el mismo Riohacha", expresó el Vicedefensor Sánchez Herrera.

Difíciles situaciones de salud

En la visita, la Comisión de la Defensoría del Pueblo encontró el caso de una niña de año y medio de la comunidad Malawinkat que tenía alto estado de desnutrición y que por orden de la comisión humanitaria fue trasladada a Riohacha para una atención urgente. Una brigada de salud estaba en la zona, pero no la iban a atender porque no pertenecía a la EPS que estaba prestando el servicio.

También encontró dificultades para la entrega de alimentos. En algunas comunidades les dan un almuerzo que consiste en un kilo de arroz, carne, un huevo para dos niños y agua de panela, lo cual no es suficiente. Y debido a que la carne la llevan cada 15 días y no hay cómo refrigerarla, se denunció que a los niños les preparan almuerzos con carne ya descompuesta.

El Programa de Alimentación y Nutrición para La Guajira (PAN) que entrega comida, solo lo hace durante 10 meses; y ya se anunció que no hay recursos para continuar con la asistencia, por lo menos en la comunidad indígena de Los Ciruelos, perteneciente al municipio de Riohacha.

Entre tanto, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) hay un déficit en la atención a los niños con desnutrición y no cuentan con un censo o diagnóstico actualizado de esa situación en el departamento.

El Vicedefensor llamó la atención para no descuidar a otros sectores de la comunidad, como los ancianos y las madres cabeza de familia, quienes también sufren de hambre y dependen de la comida que sus hijos o nietos les puedan llevar. Además, del cuidado que se debe tener ante los casos de adolescentes en estado de embarazo.

Compromisos institucionales

La Defensoría del Pueblo le solicitó también a la Contraloría que realice una auditoría especial al sector de la salud, al Plan departamental de Seguridad Alimentaria y al Plan Departamental de Aguas La Guajira. Los funcionarios de la Defensoría realizarán el 18 de julio próximo un nuevo estudio de campo para verificar la situación de la comunidad.

De la misma forma, la red de controladores del sector salud les solicitó a las EPS que presenten una propuesta de actividades de promoción y prevención en salud, incluyendo la atención de los niños con problemas de desnutrición.

Particularmente, la Superintendencia de Salud solicitará que por los casos de muertes de menores de edad por desnutrición se lleven a cabo las sanciones de carácter penal, fiscal y administrativo y disciplinario a que haya lugar.

Por su parte, el Icbf se comprometió a constituir grupos para atender los casos de desnutrición. Serán dos equipos que trabajarán durante 6 meses en los municipios de Uribia, Manaure, Maicao, Riohacha y Dibulla.

Las organizaciones indígenas también se comprometieron a trabajar con las instituciones del Estado y particularmente con la Defensoría del Pueblo, para hacer frente a la grave problemática que afrontan las comunidades indígenas del pueblo Wayú, especialmente los niños y niñas indígenas.

Y se comprometieron a hacer seguimiento, monitoreo y demás acciones que estén a su alcance como comunidad para informar oportunamente los casos de desnutrición infantil y falta de atención médica oportuna e informar a las autoridades competentes.

Una crisis advertida

El pasado mes de febrero la Defensoría del Pueblo Regional La Guajira hizo un urgente llamado a las autoridades nacionales y regionales para solucionar la hambruna en por lo menos 13 corregimientos de la Alta Guajira, agravada por el cierre de la frontera de Venezuela, desde donde se abastecían de comida y elementos básicos.

La Defensoría del Pueblo realizó una visita de verificación y acompañamiento a los 13 corregimientos de la Alta Guajira, en donde se estima que son unas 40.000 personas las que están en situación de hambruna.

La escasez de alimentos se verificó en los corregimientos de Nazareth, Puerto Estrella, Puerto López, Porshina, Punta Espada, Castillete, Tawaira, Bahía Onda, Winpesi, Siapana, Tapajarin, Jonjoncito y la Flor del Paraíso, todos pertenecientes al municipio de Uribia.

Este municipio tiene 130.000 habitantes, 30.000 de ellos en el casco urbano y los otros 100.000 en zona rural de la Alta Guajira, en donde están las personas que no cuentan con alimentos, es decir, indígenas que pertenecen a la comunidad Wayú.

Estas poblaciones están muy distantes unas de otras y como son fronterizas con Venezuela, son las más afectadas por la decisión del vecino país, a mediados del pasado mes de enero, de cerrar las fronteras y mantener mayores controles para evitar el paso de contrabando a Colombia, sobre todo de alimentos. Según el Gobierno de ese país, el 40 por ciento de la comida producida allá la pasan a Colombia de manera clandestina.

Según datos de la Secretaría de Salud departamental, en el 2013 fallecieron 23 personas en La Guajira por desnutrición.