El reajuste ministerial, la nueva milimetría política resultante e incluso la confección de la terna para la Fiscalía General impactaron el escenario para la dilatada elección del Defensor del Pueblo.

 

El cargo, como se sabe, está vacante desde finales de enero cuando Jorge Armando Otálora renunció en medio de un escándalo de presunto acoso sexual, quedando Alfonso Cajiao como encargado de esa entidad del Ministerio Público.

 

La designación del sucesor no se abocó de inmediato, pues debía esperarse a que el órgano nominador, en este caso la Cámara de Representantes, iniciara sesiones ordinarias, lo que sólo se concretó a partir del 16 de marzo.

 

A partir de ese día comenzó el proceso para la escogencia del nuevo Defensor, pero se aplazó hasta septiembre próximo, cuando terminaba el periodo de Otálora.

 

Ante el riesgo de una interinidad tan larga en un cargo tan clave para el proceso de paz y la defensa de los derechos humanos, hay algunas tesis en la Cámara según las cuales debe procederse a la elección ya, en busca de que el elegido por la corporación legislativa cumpla el periodo “institucional” restante a Otálora. Es decir que sólo estaría en el cargo por cinco meses.

 

Por el contrario, otros parlamentarios, también preocupados por la interinidad, sostienen que debe elegirse ya pero que el escogido debe cumplir un periodo personal de cuatro años, tal como ocurrió con el fiscal Eduardo Montealegre.

 

Como se recuerda, se creía que este había sido elegido, a comienzos de 2012, por la Corte Suprema para culminar el periodo restante de Viviane Morales, cuya escogencia había sido anulada por el Consejo de Estado ya que sólo contó con 14 votos a favor, pese a que la mayoría calificada era de 16.

 

Montealegre siempre insistió en que su periodo era “personal” (cuatro años) y no “institucional” (lapso restante del anterior titular), por lo que le tocó al Consejo de Estado dirimir el asunto, en abril de 2013, determinando que era un mandato “personal”. 

 

Lo cierto es que el artículo 281 de la Constitución, establece que el Defensor del Pueblo es elegido por la Cámara para un período de cuatro años de terna elaborada por el presidente de la República.

 

Por ahora esa remisión de la baraja de candidatos se aplazó hasta julio o agosto, pese a que la aceptación de la renuncia de Otálora fue en la tercera semana de marzo.

 

Marco político

 

Para nadie es un secreto que Otálora provenía del partido Liberal y que ese partido aspiraba a continuar con esa titularidad.

 

Sin embargo, de acuerdo con algunos analistas, la demora en el proceso de escogencia tiene como telón de fondo que tanto el Gobierno como los distintos partidos estaban pendientes de dos asuntos clave.

 

En primer lugar, la confección de la terna para la Fiscalía General, ya que el periodo de Montealegre finalizó en la última semana de marzo.

 

En los corrillos políticos se afirmó que el liberalismo, en determinado momento, se mostró dispuesto a que la Defensoría pasara a La U, a cambio de la sucesión de Montealegre. Incluso era vox populi que el expresidente César Gaviria y el propio jefe de la colectividad, Horacio Serpa, querían que se ternara al actual vicefiscal Jorge Eduardo Perdomo para la jefatura del ente acusador.

 

Sin embargo, la semana pasada el presidente Santos anunció la respectiva terna, postulando al exministro Néstor Humberto Martínez, el ahora exministro de Justicia Yesid Reyes y la ahora ex asesora jurídica del Alto Comisionado de Paz, Mónica Cifuentes. Perdomo quedó por fuera, lo que se sabe no cayó nada bien en el liberalismo, pese incluso a que Reyes tiene claro origen en ese partido.

 

El segundo elemento clave alrededor del futuro de la Defensoría era el inminente reajuste ministerial, ya que todos los partidos de la coalición de Unidad Nacional aspiraban a aumentar sus cuotas en el nuevo gabinete.

 

Al final de cuentas, tras la designación de siete ministros en la última semana, la milimetría política del gabinete quedó así: 3 liberales 3 (Interior, Salud y TIC); 2 conservadores (Hacienda y Minas); 3 de La U (Agricultura, Vivienda y Salud); 2 de Cambio Radical (Ambiente y Transporte); 1 del Polo (Trabajo); 1 de Alianza Verde (Justicia); y cuatro considerados como ministros “santistas” (Educación, Cancillería, Cultura y Defensa).

 

Aunque en algunos medios de prensa y corrillos políticos los liberales aparecen con cuatro y hasta cinco ministerios, lo cierto es que altas fuentes consultadas en la cúpula roja insisten en que sólo reconocen como cuotas de representación directa a los ministros Juan Fernando Cristo, Alejandro Gaviria y David Luna. “Los otros dos son ministros santistas o liberales ‘graduados’ en Palacio”, dijo un dirigente liberal, que pidió la reserva de su nombre.

 

Así las cosas, ayer en muchos corrillos políticos y parlamentarios se aseguraba que ahora el Partido Liberal, que quedó visiblemente inconforme tanto con la integración de la terna para Fiscal como con el reajuste a nivel de ministros y viceministros, e incluso no descarta “revisar” su relación con el gobierno Santos y hasta su permanencia en la coalición de Unidad Nacional, vuelve a poner su interés en seguir con la titularidad de la Defensoría del Pueblo.

 

Sin embargo, parece que la intención es dejar que Cajiao se quede algunos meses más, de forma que la elección del Defensor se haga en septiembre, por lo que la terna presidencial no llegaría en esta legislatura, sino al comienzo de la próxima.

 

¿Y entonces?

 

Visto ya el escenario político, EL NUEVO SIGLO indagó con los partidos y las bancadas para ver cómo se están moviendo las aguas alrededor de la elección del Defensor del Pueblo.

 

En las toldas del liberalismo, semanas atrás, se decía que su principal carta era el entonces titular de la Consejería Presidencial de Derechos Humanos, Guillermo Rivera, pero este fue designado hace diez días –y ya se posesionó- como Viceministro de Relaciones Políticas.

 

De allí, entonces, que ahora la bancada esté buscando nuevos perfiles para presentarlos a la Casa de Nariño, en busca de que el Presidente los analice y pueda, eventualmente, meterlos en la terna que debe enviar a la Cámara.

 

El secretario del partido Liberal, Héctor Olimpo Espinosa señaló que “no se ha tomado definición sobre eso, pero el panorama político cambia cada 15 días. Esa es una determinación  para dentro de dos meses, porque esa elección de Defensor se realiza en septiembre”.

 

En la misma línea se ubicó el senador de esa colectividad, Guillermo García Realpe, quien indicó que “no hemos escuchado nada, pero aún faltan unos meses para que se tomen algunas determinaciones, y eso es el segundo semestre de este año”.

 

Entre tanto el congresista Luis Fernando Duque dijo que “al Partido lo que más le importa es apoyar el proceso de paz. Lo otro son elecciones burocráticas que están a cargo del gobierno, del fuero interno del Presidente. Es él quien tiene que presentar la terna y hará el proceso de selección. No nos preocupa en estos momentos si es o no es liberal, lo que se tiene que mirar son los programas y las tareas de la Defensoría”.

 

Por su parte, el representante liberal Harry González señaló que se tiene que esperar a que el Gobierno presente la terna, “y una vez la dé a conocer, darse la determinación en la plenaria de la Cámara. Pero creo que el Partido Liberal debe tener vocación de tener candidatos, aunque la conformación de la terna está en el fuero interno del Presidente”.

 

La U quiere

Sin embargo, en el partido de La U continúan pensando que esa colectividad podría acceder con uno de los suyos a la Defensoría.

 

De hecho se afirma que esa colectividad sigue impulsando el nombre de Carlos Negret, ex secretario del partido.

 

Según el parlamentario, Jaime Buenahora, “nosotros aspiramos a tener la Defensoría del Pueblo. Nosotros hemos sido excluidos de los organismos de control. Nunca ha tenido (el partido) la Contraloría, Fiscalía o Procuraduría. Y desde luego es el partido más importante, por lo que esperamos que dentro de la terna haya un vocero nuestro, de las mejores calidades”.

 

Berner Zambrano, copresidente de la colectividad, indicó que “el Gobierno tiene del 20 julio hasta el 5 de agosto para enviar la terna y su partido quisiera tener esa responsabilidad política de la Defensoría del Pueblo. Es más que justo que se tenga esa oportunidad, pero lógicamente somos respetuosos del fuero del Presidente”.

 

Entre tanto, otro congresista como Hernán Penagos dijo que  “esta es una terna que el Presidente debe pasar a la Cámara, pero por ahora ese tema no está siendo el centro de atracción de los partidos”.

 

Otro escenario

 

La puja, por el momento, se centra en esos dos partidos. Aunque algunos rumores de pasillos en el Senado indicaron que el conservatismo también quería medírsele a la competición, esa versión fue desmentida por dirigentes azules, toda vez que a esa colectividad lo que le interesa es mantener a uno de los suyos en la Procuraduría.

 

Como se sabe, el periodo de Alejandro Ordóñez termina en enero próximo y la escogencia, a cargo del Senado, de terna confeccionada por el Presidente de la República, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, se haría en noviembre próximo.

 

Los conservadores han hablado al respecto con la Casa de Nariño y todo hace indicar que este partido tiene fuertes opciones de seguir al frente de la principal entidad del Ministerio Público.

 

Por otra parte, dadas las circunstancias que llevaron a la renuncia de Otálora, varias ONG e instancias que trabajan por los derechos de las mujeres, habían planteado al presidente Santos que, a manera de desagravio, la terna fuera estrictamente femenina. La propuesta, sin embargo, no ha tenido mayor eco en el alto Gobierno y menos entre los partidos.

 

Por el momento, el pulso por la Defensoría apenas está empezando a tomar ritmo pero es claro que los liberales se van a jugar a fondo por ese cargo, incluso contra el propio partido del Presidente, que ya sabe que esa terna, si bien no tiene el peso ni impacto de la ya anunciada para la Fiscalía, sí es clave en un escenario político en el que la cuenta regresiva para el arranque de la campaña presidencial se agota rápidamente y, por ende, la fecha de caducidad de la coalición de Unidad Nacional está acercándose cada vez más.