La Defensoría del Pueblo instauró  una denuncia penal ante la Fiscalía, en contra de la Secretaría de Salud y de la EPS Comfacundi por el delito de homicidio culposo, en el caso de la muerte de José Ángel Chíquiza, mientras esperaba en la mencionada EPS que le entregaran una autorización para que se le practicara una diálisis para el tratamiento de una enfermedad renal que padecía desde hace 15 años.  

El defensor Jorge Armando Otálora señaló  que: “los funcionarios públicos y la EPS que están manejando este tipo de eventos deben entender el compromiso que tiene el ejercicio de sus funciones y que cualquier ligereza o error en desarrollo de sus actividades puede terminar con la vida de una persona”. El funcionario alertó que “con la muerte del ciudadano José Ángel Chíquiza nos dimos cuenta de que no está garantizada la prestación del servicio a los pacientes de alto costo”.
 
De igual forma, Otálora también radicó una queja ante la Procuraduría con el fin de que el Ministerio Público realice las averiguaciones pertinentes sobre el caso.