Con apoyo helicoportado de Ecopetrol, una misión humanitaria de la Defensoría del Pueblo acompañará el relevo de entre 8 y 9 operarios de la planta gasífera de Gibraltar, en jurisdicción del municipio de Toledo, en Norte de Santander, donde desde el 30 de mayo integrantes de la comunidad indígena Uwa adelantan una protesta por lo que califican como incumplimiento parcial de acuerdos anteriores con el Estado, y que ha derivado en el bloqueo a la entrada del complejo productivo.

Tras una visita inicial de verificación en el terreno, la Defensoría pudo establecer que cerca de 20 funcionarios permanecen al interior del recinto industrial sin que hayan podido salir, ello para evitar la suspensión del suministro de gas a Bucaramanga, Barrancabermeja y parte de Norte de Santander, pues los manifestantes insisten en impedir el ingreso a las instalaciones.

Aunque en principio no se permitía tampoco el acceso a provisiones alimenticias ni a los materiales para el funcionamiento de la planta, la intervención humanitaria de la Defensoría del Pueblo ante las autoridades del Cabildo, permitió modificar esas restricciones y en conjunto con la Personería facilitar la entrega de los elementos necesarios para la manutención del personal y la operación del complejo, pese a lo cual sólo hasta este viernes será posible relevar a algunos de los operarios.

La situación se torna aún más compleja si se tiene en cuenta que los indígenas se han opuesto a la reparación de un tramo del gasoducto, averiado el pasado 13 de junio, lo cual ha ocasionado dificultades para el suministro del combustible, tanto a Bucaramanga y Barrancabermeja, como a los municipios de Pamplona, Silos, Chitagá, Labateca y Toledo, en Norte de Santander.

Según estimativos oficiales, el complejo productivo de Gibraltar genera 38 millones de pies cúbicos de gas diariamente, de los cuales un poco más de 23 millones van al puerto petrolero, 14 millones a la capital santandereana y 238 mil a las poblaciones anteriormente mencionadas.

La mediación de la Defensoría del Pueblo permitió en los últimos días un principio de aproximación, a partir del cual se acordó que la próxima semana se dará curso a los diálogos de concertación entre el Gobierno Nacional y los indígenas, a cuyo término se espera superar esta problemática que ya tiene consecuencias tanto sociales como económicas, con afectación a los derechos humanos.