El Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) reveló este jueves un informe sobre tres casos de personas que fueron víctimas de amenazas, persecución, judicializaciones, detenciones arbitrarias o vigilancia ilegal en Colombia, debido a sus trabajos como defensores del medio ambiente.

El análisis afirma que en los tres procesos las personas recibieron amenazas, e incluso ataques, luego de denunciar daños de actividades mineras, petroleras o represas para generar energía.

El estudio se refiere a las historias de las mujeres de la Corporación Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez (CCALCP), con sede en Bucaramanga; a Héctor Sánchez Gómez, presidente del Comité Ambiental, Agrario y Comunitario en el pueblo de Puerto Gaitán, en el centro-oriente del país; y al profesor universitario Miller Dussán, representante legal de la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo (ASOQUIMBO) en el departamento del Huila.

“Hay coincidencias cronológicas entre las acciones de denuncia (…) y las reacciones paralelas o posteriores de ataque y persecución por parte de actores legales e ilegales, y/o empresas nacionales y transnacionales”, asegura el informe.

Los estudios de caso presentan el contexto regional y una caracterización de las empresas presentes en las regiones y relevantes para el estudio.

A partir de esta caracterización, los analistas realizaron una correlación temporal entre las actividades de denuncia de los impactos negativos de las empresas y los ataques a personas defensoras de derechos humanos. 

Encontraron informes de asaltos, amenazas de bomba y amenazas directas. “Los ataques se dirigen contra ellos, pero la finalidad se orienta a desarticular o frenar los procesos colectivos que les soportan”, asegura el estudio.

Julia Figueroa, directora del Colectivo de Abogados Luis Carlos Pérez, aseguró que "en este país nos tuvimos que dedicar a proteger la vida, porque era lo más amenazado, y no tuvimos tiempo para proteger los derechos colectivos del agua, el medio ambiente y los ecosistemas". 

El informe se revela en el contexto de un rápido crecimiento de la industria minera y energética en Colombia. Los planes de gobierno de Juan Manuel Santos 2010–2018 contemplan la explotación de recursos naturales como una “locomotora del desarrollo”.

Al cierre de 2016 había en Colombia 8088 títulos mineros vigentes y 833 con autorizaciones temporales para la explotación de ese recurso no renovable, de acuerdo con la Agencia Nacional de Minería (ANM).

La Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) hasta febrero de 2017 reportaba 272 bloques en exploración, 191 bloques en producción y una importante área del país con bloques disponibles.

El vertiginoso crecimiento de la industria extractiva en las zonas rurales colombianas generó conflictos entre las comunidades y las empresas minero-energéticas.

La explotación legal se suma a la ilegal, que es protegida por grupos armados al margen de la ley. Muchos pobladores temen que esta actividad económica atraiga bandas criminales o nuevos grupos paramilitares a sus regiones. 

El informe concluye con más de 50 recomendaciones para evitar la violencia hacia protectores del medio ambiente.

Entre otras cosas, le pide al Estado reforzar los mecanismos de protección para las personas defensoras de derechos humanos e invita a las empresas extractivas a reconocer adecuadamente el papel y el trabajo legítimo de las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente. 

“La investigación eficiente y sanción de los autores materiales e intelectuales de los ataques contra grupos y personas defensoras del ambiente y el territorio, constituye una salvaguarda fundamental para la satisfacción de los derechos y las garantías de no-repetición”, concluye el informe.