Actuar de manera inmediata en relación con los graves problemas de orden público que afectan a la población de Buenaventura, como consecuencia de la lucha que libran los grupos armados ilegales Los Urabeños y La Empresa; situación que fue advertida hace dos meses por la Defensoría durante una visita humanitaria a la zona, pidió el defensor del Pueblo, Jorge Armando Otálora a las autoridades.

Después de que el fin de semana pasado se registrara la muerte de diez personas, que se movilizaban en cuatro camionetas por el corregimiento de Alto Potedó, en la antigua vía al mar, Otálora cuestionó “¿cuántas personas, cuántas masacres, cuántos desplazamientos y cuántas víctimas más deberá poner Buenaventura para que el país mire con atención la difícil situación humanitaria que se vive en el puerto sobre el Pacífico?”.

Durante la visita humanitaria realizada el 15 de noviembre de 2012, el Defensor del Pueblo recomendó declarar la emergencia humanitaria en Buenaventura luego de constatar el desplazamiento intraurbano de cerca de 4.500 personas y cerca de seis barrios desolados, ocasionado por la disputa territorial para el control del tráfico de drogas que mantienen Los Urabeños y La Empresa, esta última al servicio de Los Rastrojos.

En dicha misión humanitaria, Otálora estuvo acompañado por Terry Morel, representante de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y de Todd Howland, representante en Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este último calificó como una vergüenza para Colombia el panorama de derechos humanos en Buenaventura solo comparable con lo que ocurre en algunos países de África. “Creo que el nivel de pobreza de Buenaventura es como El Congo y creo que no se pueden tener dos países en un mismo país”, precisó Howland.

El Defensor del Pueblo recordó que desde octubre del año pasado se ha venido intensificando la confrontación armada entre Los Urabeños y La Empresa, que no solo afecta a Buenaventura sino también a la población civil de los municipios de Pradera, Florida, San Pedro, El Dovio, Roldanillo, Buga, La Unión, Tuluá, Palmira, El Cairo. Cabe anotar que Buenaventura, Pradera, Florida, Tuluá y El Dovio se encuentran en Alerta Temprana por parte del Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT) del Ministerio del Interior.

Al verificar que la situación de derechos humanos en Buenaventura sigue siendo muy grave, y que las violaciones a los derechos humanos en el municipio son sistemáticas, Otálora aseguró que “no son tolerables nuevos desplazamientos ni masacres” y reiteró su llamado al Gobierno para que las llamadas bandas criminales (Bacrim), sean combatidas con toda la fuerza del Estado ya que por su estructura y capacidad militar se trata de verdaderos grupos armados ilegales.

La dinámica del conflicto corresponde al escenario de riesgo advertido por el sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en la última nota de seguimiento (012 de 2012 emitida el 23 de agosto de 2012) y que fue declarada como alerta temprana por el Ministerio del Interior. En dicha nota, la Defensoría advertía sobre las posibles acciones armadas en las zonas urbana y rural del distrito de Buenaventura.