La masacre de cerca de dos mil tiburones en aguas colombianas, cerca a Malpelo, a manos de pescadores de otros países, especialmente de Costa Rica, dejó en evidencia que no hay suficiente control sobre nuestras fronteras.

Sin embargo a diferencia de hace algunos años, ya se cuenta con una normatividad para castigar los abusos contra los recursos naturales, por lo que es la hora de entrar a aplicarla.
Así lo consideró el senador Félix Valera (Partido Verde), quien dijo que “para ello la reciente Ley 1453 de 20011 consagra tipos penales específicos que seguramente llevarán a la cárcel a los perpetradores de semejantes conductas atentatorias de nuestra soberanía y ecosistemas”.
Sin embargo el Parlamentario caribe argumenta que aún hace falta avanzar más desde el Legislativo para garantizar la soberanía y, por ende, la defensa de los recursos naturales que tiene el país.
“Se necesitan medidas administrativas y legislativas urgentes que hagan efectiva la soberanía en nuestras aguas y prevengan la masacre de tiburones”, dijo el congresista Verde.
La Ley de Seguridad Ciudadana, que promovió la administración Santos el año anterior, establece penas de prisión para quien dañe los recursos naturales. “El que con incumplimiento de la normatividad existente destruya, inutilice, haga desaparecer o de cualquier otro modo dañe los recursos naturales a que se refiere este título, o a los que estén asociados con estos, incurrirá en prisión de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses y multa de ciento treinta y tres punto treinta y tres (133.33) a quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes”.
Con relación a esos hechos, el ministro de Ambiente Frank Pearl reconoció que durante la masacre de tiburones se presentaron fallas técnicas de los equipos de monitoreo, pero precisó que con unas medidas de tipo administrativo se podrá garantizar ese control.
“Nosotros hemos tenido descuidados nuestros océanos y por eso en el Ministerio se creó una División de Mares y Costas para tener unos programas y definir unos recursos para coordinar con las autoridades para la protección de las aguas, de la fauna y de las líneas costeras”.