Todo parece indicar que la esperada reglamentación de la consulta previa se hará por vía administrativa y no a través del Congreso, anticipó Gabriel Muyuy, director del Programa Presidencial Indígena.

Muyuy le dijo a EL NUEVO SIGLO que los líderes de los grupos étnicos han expresado que prefieren la reglamentación por vía administrativa y no por el Congreso.

En consonancia con ese clamor, “por ahora estamos trabajando en protocolos” de entendimiento “y esperamos ponerlo en concertación con los grupos indígenas”.

La falta de una reglamentación de las consultas previas ha sido el gran obstáculo para sacar adelante temas como el Código Minero o las reforma a las corporaciones autónomas regionales, explicó Muyuy.

“Consideramos muy importante una reglamentación adecuada, que implica entre muchas cosas una reglamentación consultada de manera amplia y participativa con los grupos étnicos”, manifestó.

Muyuy dijo que todos los proyectos legislativos que tienen implicaciones con estos grupos necesitan consulta, pero la ausencia de la reglamentación y las reglas claras para cumplir con ese derecho de las etnias han dificultado su ejecución.

Yeison Fabián Villalba, coordinador del Grupo de Gestión en la Dirección de Consulta Previa, del Ministerio del Interior, expresó que “hemos venido implementando unos buenos procesos con los indígenas. Desde el Ministerio se da el derecho pleno de las comunidades”.

Villalba reveló que durante 2010 se desarrollaron 70 consultas previas, en 2011 se efectuaron 700, en 2012 se contaron 1.440 y en lo corrido de 2013 van 600.

“Estas consultas se han hecho con las diferentes comunidades para los proyectos de desarrollo”, precisó.

El funcionario aseguró que la mayor problemática es que se ha dado un tema transaccional, de asesores de las comunidades étnicas, “donde se ha visto que las mismas comunidades no ejercen sus derechos, sino que vienen terceros que se interponen en sus proyectos y actividades”.

Aseguró Villalba que a pesar de ese problema en que se ha encontrado, el Ministerio del Interior viene apoyando para que los grupos étnicos se empoderen de los proyectos.  Y consideró que las consultas previas es un tema más de diálogo político.

Entre tanto Julio Roberto Gómez, el presidente de la Confederación General de Trabajadores (CGT), recalcó que la gran dificultad de las consultas previas es lo que tiene que ver con la aplicación del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), “que es un instrumento para proteger a los grupos indígenas, a las poblaciones triviales, a las comunidades negras y todo lo que tiene que ver con su cultura”.

El dirigente sindical dijo que lo que se plantea es una reglamentación del convenio, aclarar cómo sería la participación de los grupos étnicos. Expresó que lo importante  es que se respete la identidad cultural de estos pueblos y la capa vegetal de sus territorios.

“Queremos que verdaderamente el desarrollo llegue a estas poblaciones, porque el gran problema que tenemos es que se extraen los recursos naturales, se afecta el medio ambiente y no hay retribución alguna a estos pueblos”, sostuvo.