Decretarían un ‘revolcón’ en la Fiscalía General | El Nuevo Siglo
Jueves, 19 de Diciembre de 2013

Los decretos para darle un revolcón a la Fiscalía habrían estado recibiendo los últimos toques en una reunión que protagonizaron ayer el presidente Juan Manuel Santos, los ministros de Defensa, Juan Carlos Pinzón, y Justicia, Alfonso Gómez, así como el fiscal Eduardo Montealegre, infirmó anoche Caracol Radio.

Santos se apoya para ese propósito en la ley 1654 de 2013, “por la cual se otorgan facultades extraordinarias pro tempore al presidente de la República para modificar la estructura y la planta de personal de la Fiscalía General de la Nación y expedir su Régimen de Carrera y situaciones administrativas”.

Santos fue habilitado por esa ley para expedir normas con fuerza material de ley que modifiquen y definan la estructura orgánica y funcional, modifiquen la planta de personal, expidan el régimen de carrera especial de la Fiscalía y las situaciones administrativas de sus servidores.

La norma se tramitó como el proyecto número 193 de 2012 Cámara – 241 de 2013 Senado, radicado el 26 de octubre de 2012 por la entonces ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, y aprobado en conciliación el 18 de junio. Recibió sanción presidencial el 15 de julio.

Por aquel entonces, el fiscal Montealegre explicó que, de acuerdo con el Marco Legal para la Paz, la Fiscalía tendrá que hacer las investigaciones, determinar los mecanismos de priorización para dar con los máximos responsables de delitos y establecer los mecanismos para la suspensión de la pena.

“La historia de la Unión Patriótica no puede repetirse en el país. Y si va a haber una salida negociada del conflicto y si la guerrilla va a tener participación en política, la Fiscalía, la justicia y la Fuerza Pública deben brindar todas las garantías”, dijo entonces Montealegre, agregando que “se requiere mayor infraestructura para asumir la investigación, acusación y juzgamiento de cerca de 10.000 miembros de la guerrilla si se da la desmovilización. Cuando se trata de violaciones de derechos humanos y la Fiscalía actúa, se imponen sanciones, se evita la impunidad y se garantiza la no repetición”.