AL NO tener claridad sobre quien debía investigar el carrusel de las pensiones de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura y luego que los conjueces de esa misma corporación expresaran que la Contraloría no tiene la facultad para hacerlo sino la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, el lunes se armó el desorden.

Ese día, la contralora Sandra Morelli frenó todos los procesos de investigación a los funcionarios aforados y ayer dijo que los casos específicamente de los magistrados ya fueron trasladados a la Comisión de Acusación de la Cámara.

“Si se trata de los magistrados, a los que hacía referencia la parte resolutiva, nosotros ya las transferimos en el estado en que se encontraban a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes. La Cámara decidirá si en lo que nosotros actuamos usurpamos competencia jurisdiccional, supongo que se anulará todo lo actuado”.

La Contralora dijo que ella califica la decisión del Consejo Superior como una “decisión absolutoria”.

“La decisión del Consejo Superior es muy clara en decir que no hay gestión fiscal, además de asumir competencia para dirimir el conflicto y darle la competencia a la Comisión de Acusaciones. Se trata de una decisión que yo calificaría como absolutoria”, explicó Morelli.

Mientras tanto, la Contralora sigue pidiendo un acto aclaratorio para entender hasta donde llega el alcance de la decisión de los conjueces, porque alega que los funcionarios con fuero constitucional son varios, no son sólo el Presidente, el Fiscal o los altos Magistrados, sino que también lo son otro tipo de funcionarios.

Reacción de la Comisión

Las reacciones a las declaraciones de Morelli no se hicieron esperar, uno de los primeros en pronunciarse sobre la polémica fue el representante conservador Germán Blanco, presidente de la Comisión de Acusación, quien de manera inmediata rechazó los pronunciamientos de la Contralora.

“Respeto profundamente a la señora Contralora. No comparto los términos que utiliza hacia la Comisión de Acusación. Me parecen desobligantes, lo viene haciendo ya de manera seguida. Ella está en su derecho de pedir aclaración a la Sala de Conjueces del fallo en mención, y serán ellos quienes tendrán, en la aclaración, que mostrarle que la razón y el derecho está en la Comisión”, dijo el Representante.

Para Blanco lo que está pasando en este momento tiene que ver con una mala interpretación del fallo, y agregó que en la Comisión se nombrarán representantes investigadores que asuman inspecciones fiscales a los casos. “No entiendo por qué lo que hace es una interpretación muy particular que ella hace del fallo, el fallo es absolutamente claro, nosotros interpusimos colisión de competencias única y exclusivamente por los aforados constitucionales que tienen que ver con la Comisión de Acusación, nosotros acá no investigamos ni a gobernadores ni a ministros, de manera que me parece que está haciendo una mala interpretación”, aclaró el Congresista.

Blanco además le pidió a la contralora Morelli que explique “suficiente y fehacientemente” los motivos por los que controvierte un fallo de los conjueces, quienes son una instancia válida y legal en el país.

Los conjueces

Carlos Mario Isaza, uno de los conjueces de la Judicatura, también se pronunció ante las declaraciones de la Contralora y explicó que la recuperación de determinado detrimento patrimonial se debe hacer a través de un juez penal, es decir, del Congreso.

Isaza, recalcó además, que las conductas en las que incurran los aforados van al juez que determinó la Constitución Política, es decir la Comisión de Acusación de la Cámara, que no sólo investiga los procesos penales, sino que también se encarga de los disciplinarios y los fiscales.

“La acción de designación de un funcionario no implica o entraña gestión fiscal, primer presupuesto para que la conducta se pueda examinar por la Contraloría”, dijo el Conjuez.

El ministro ya llegó a manos del ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, quien le pidió al Consejo de Estado que defina cuáles son los organismos que tienen la “competencia administrativa” para investigar el ‘carrusel de pensiones’.

Sería entonces, el máximo tribunal contencioso el ente encargado en última instancia si es la Contraloría General de la República o si es la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes,  la que investigue el aparente detrimento patrimonial en el que se está incurriendo.

“Habrá que ver cuáles de las competencias que están siendo materia de duda son de competencias judiciales, cuáles son de naturaleza administrativa y qué le corresponde a la Contraloría, qué a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes (…) Eso que diga el Consejo de Estado al resolver ese conflicto de competencias no va a ser un concepto, sino una verdadera decisión con la fuerza que corresponde a las decisiones judiciales propiamente”, dijo el Ministro de Justicia.