Los municipios del país tienen grandes debilidades para atender a las mujeres víctimas de la violencia, entre éstas la sexual, fenómeno que sigue creciendo. Una muestra de ello es que en las agendas públicas no son claras las estrategias de prevención y los presupuestos que demanda esta tarea. Así lo señaló la Federación Nacional de Personerías de Colombia.

El organismo explicó en un informe que “por ejemplo hay una gran debilidad en el componente de responsabilidad por parte de las administraciones municipales en la prevención, dentro de las agendas no están muy definidas las estrategias para la eliminación de violencias contra la mujer. A pesar de que están en diferentes espacios institucionales, carecen en su gran mayoría de planes con objetivos claros y presupuestos visibles”.

Fenalper dijo que otras debilidades de los municipios para atender a las mujeres víctimas de violencia que encontró son las barreras de acceso a la justicia que deben enfrentar y las falencias en las rutas de atención.

También llama la atención por el número insuficiente de comisarías de familia en muchos municipios en comparación con el tamaño de su población, dada la importancia que éstas tienen en la prevención de la violencia intrafamiliar, pues además de recibir las denuncias, pueden otorgar medidas de protección en caso de violencia intrafamiliar.

“En todo el país se cuenta con 1.300 comisarías de familia aproximadamente, de acuerdo a lo manifestado por el Ministerio de Justicia en marzo de 2015. En ese sentido hay 1,2 comisarías en promedio por cada municipio, lo cual indica que es insuficiente teniendo en cuenta que solo ciudades como Cali, Medellín y Bogotá cuenta aproximadamente con 11, 22 y 32 comisarías respectivamente y a pesar de estas cantidades, se quedan insuficientes para atender la cantidad de delitos que se registran”, indica Fenalper.

Por citar un ejemplo el personero de Apartadó, Roosevelt Ospina, quien cuenta con experiencia en trabajo con comisarías, indicó que en su municipio hay una sola comisaría para atender una población aproximada de 180.000 habitantes.

Fenalper dijo que es responsabilidad de los municipios ante casos de violencia sexual brindar a la víctima información amplia y en forma didáctica (Ley 1257/08), prestar servicios de habitación  y alimentación, formular planes y programas de salud pública municipal, establecer mecanismos expeditos. Además las víctimas de violencia deben acceder al servicio educativo.

También los municipios deben contar con espacios de coordinación institucional activados como Consejo de Política Social; Comité de Prevención de la Violencia Sexual  y Atención Integral de los Niños, Niñas  y Adolescentes Víctimas del Abuso Sexual; Comité de Lucha Contra la Trata de Personas; Mesas de Participación de Víctimas; Comités Territoriales de Justicia Transicional; Mesa de Prevención de violaciones a  los DD.HH. e infracciones a DIH; y Comité de Seguimiento a la Ley 1257 de 2008.

Otras falencias

Fenalper indicó que las personerías del país tramitan anualmente aproximadamente 4.600 casos por violencia sexual. No obstante, las deficiencias institucionales de los municipios en materia de atención y de la propia justicia dificultan el restablecimiento de los derechos de las mujeres, que con un 86% son las principales víctimas de este delito.

Luis David de León Ternera, personero de Fundación, Magdalena, expresó que en su municipio “la falta de funcionarios, como fiscales, no permite restablecer los derechos de las mujeres”.

De igual manera expuso que a pesar de las dificultades presupuestales, ha realizado grandes esfuerzos por trabajar en materia de prevención y eliminación de la violencia contra la mujer. Para ello generó una campaña denominada ‘Siembra el Cambio, no Hombres Autoritarios ni Mujeres Sumisas de Igual a Igual”.

Por su parte, el personero de Medellín, Guillermo Durán, expresó que las víctimas de violencia sexual reciben muy poca asistencia y el acompañamiento por parte de las autoridades es muy limitado, por lo que hizo un llamado para que las autoridades judiciales lleguen al final de las investigaciones y brinden mayor asistencia.

A pesar de que la violencia contra la mujer en Colombia sigue creciendo, es débil la respuesta de la institucionalidad en materia de atención.