EL NUEVO SIGLO: ¿Qué opina del radicalismo que caracteriza hoy la lucha política en Colombia?

FERNANDO CARRILLO: Muy preocupante la polarización que está viviendo el país. La violencia verbal está llegando a unos niveles inaceptables, le hace daño a la democracia y abre escenarios de "salto al vacío" en materia institucional. Porque la política del insulto personal y la crispación deja en el camino a las instituciones. Si los líderes políticos no le bajan el tono, van a arrasar con lo poco de confianza que le queda a la ciudadanía en las soluciones institucionales.  La lucha contra la corrupción debe darse dentro del Estado de Derecho sin violentar la institucionalidad jurídica del país. La estrategia del escándalo mediático le hace un flaco favor a la justicia. Las instituciones no pueden terminar sepultadas por el lodo de la corrupción. 

La solución tampoco es frenar las investigaciones. Nosotros le cumplimos al país mostrando resultados sin estridencias. Eso es lo que Colombia espera de los organismos de control. 

ENS: ¿Cómo va a repercutir eso en las elecciones?

FC: Hacer política no puede ser agredir, descalificar, injuriar y quitarle cualquier asomo de autoridad al enemigo de turno. Los escenarios electorales de Colombia de los próximos meses no pueden terminar convertidos en un campo de batalla donde el primer objetivo vaya a ser tratar de destruir la reputación del adversario político, que pasa a convertirse en un enemigo a muerte.  Porque eso en nuestro país puede llegar a tener unas derivaciones que han sido propias del espiral de la violencia y bien las conocemos. De allí la importancia de “repolitizar” con altura y responsabilidad los temas de la agenda del futuro de Colombia más allá de la institucionalización del golpe bajo o del principio de que “todo vale” para obtener o conservar el poder. La lucha contra la corrupción debe ser una política de Estado y no una pasajera bandera electoral. 

Sin proselitismo

ENS: Hay varios ministros y funcionarios que suenan de candidatos pero nada que renuncian ¿qué hacer para que cumplan?

FC: La Procuraduría ha estado atenta a que se respeten las normas electorales y ningún funcionario haga proselitismo investido del poder del Estado. Existe hoy un enorme hastío con la corrupción y los abusos del poder. Quienes crean que van a ganar votos usando el erario y la tribuna que les da el Estado, sencillamente están demostrando su ignorancia sobre el momento de inflexión política que vive Colombia. El voto castigo  será la hecatombe de los avivatos. La gente no soporta el abuso del poder. 

ENS: ¿Está de acuerdo con que se tramite el proyecto de Jubileo, teniendo en cuenta la visita del Santo Padre?

FC: Hay una crisis penitenciaria estructural que debe mirarse de manera integral. No se trata de desocupar las cárceles para ganar indulgencias, sino de dar una respuesta adecuada que resuelva la magnitud de la crisis. He insistido en la necesidad de que se convoque una comisión de política penitenciaria para discutir el mencionado proyecto de ley de jubileo que promueven algunas fuerzas políticas en el Congreso. Que sea la oportunidad para ese debate inexplicablemente aplazado en Colombia. 

ENS: La Corte dijo que el Congreso debe reglamentar el ingreso de la Policía a las casas, ¿esto no debió haber quedado en la ley?

FC: Hay una enorme expectativa de la ciudadanía por la entrada en vigor del Nuevo Código de Policía, sobre todo por los controles a los eventuales excesos de la Policía en el ingreso a las viviendas. La Procuraduría comparte la decisión de la Corte y llama al Congreso a reglamentar el tema de manera inmediata. Aunque la Policía se ha preparado para asumir con la mayor responsabilidad la aplicación del Nuevo Código, es natural la desconfianza ciudadana. No se trata de un asunto menor. La Procuraduría estará atenta a la aplicación de esa norma y será contundente en la sanción de quienes abusen de ella para vulnerar los derechos ciudadanos. Se necesita mucha pedagogía frente a esa norma.

Ley de amnistía

ENS: ¿Qué concepto tiene sobre la ley de amnistía?

FC: La amnistía es un instrumento legal para consolidar la paz y hacer efectivos los acuerdos. La Procuraduría conceptuó ante la Corte Constitucional, el pasado 24 de marzo, pronunciándose acerca de la Ley 1820 de 2016. De conformidad con dicho concepto, la ley sobre amnistía, indulto y tratamientos penales especiales, debe analizarse en el margen de configuración general que la Constitución y el derecho internacional conceden al Estado colombiano para dichos efectos. No se viola unidad de materia al incluir disposiciones sobre el otorgamiento de beneficios penales. El legislador puede decidir el alcance de la amnistía, como la extinción de toda acción. Se solicitó a la Corte Constitucional declarar la constitucionalidad, a excepción de ciertas declaraciones particulares, sobre las cuales se pidió declarar la exequibilidad condicionada.
ENS: ¿Cómo evitar que a la JEP se cuelen personas con delitos comunes?

FC: Hay que confiar en que ello no ocurra. Los magistrados que se elijan tendrán la enorme responsabilidad de garantizar que no haya colados. De ello depende la confianza ciudadana en esa instancia. La JEP es un eje fundamental para lograr la reparación de las víctimas y una paz estable y duradera. La ratificación de la presencia de la Procuraduría en la JEP es un reconocimiento al mandato constitucional del Ministerio Público a favor de las víctimas y a su papel como garante de los derechos fundamentales. En la JEP se deben respetar los criterios de competencia temporal, material y personal ya establecidos, conforme lo regula el acto legislativo, correspondiendo dicha calificación a la Sala de Definición de Situación Jurídica para cada caso concreto.

Medio ambiente

ENS: ¿Por qué dice que el medio ambiente es un tema que el país ha descuidado?

FC: En el tema ambiental el país solo reacciona cada vez que hay una avalancha y se genera una tragedia. La sensibilidad frente al tema es muy baja y hay demasiadas estigmatizaciones sobre los ecologistas, a quienes muchos ven como excéntricos que defienden causas perdidas o mamertos sin oficio. Hay que poner el tema ambiental en la agenda pública nacional. No solo la avalancha de la corrupción debe preocuparnos, pero también, y en primer orden, la defensa de los ecosistemas y del agua, cada vez más amenazada por la minería ilegal y la destrucción de los bosques. Personalmente, en los recorridos por los territorios como Procurador, he constatado directamente la tragedia ambiental en varias regiones, como el Chocó, donde la minería ilegal está matando los ríos impunemente en las narices de todos. Por ello, estamos fortaleciendo la Procuraduría Delegada de Asuntos Ambientales, para requerir a las autoridades ambientales a cumplir con sus funciones legales e instar a los alcaldes y gobernadores a cumplir las normas ambientales y hacer efectivos los planes de prevención y mitigación de riesgos. El cambio climático esta precariamente abordado por las autoridades. Por ello hemos instado al Ministerio de Ambiente para que le dé cumplimiento a la explícita estrategia contra la deforestación descrita en el Plan Nacional de Desarrollo.

Los POT

ENS: Los POT regionales y municipales tienen que incluir una variable ambiental, ¿lo están haciendo, lo están cumpliendo?

FC: Los Planes de Ordenamiento Territorial no pueden quedar en promesas electorales ni convertirse en veletas direccionadas por los vientos de la corrupción regional. Son la responsabilidad de las autoridades locales. La Procuraduría va vigilar su adecuación, cumplimiento y ejecución en el marco de las exigencias legales. El medio ambiente no puede ser letra muerta. Hay que crear consciencia sobre la necesidad de defender el medio ambiente. Porque los que pagan las consecuencias son siempre los más vulnerables, como lo hemos visto en Mocoa. El tema ambiental no puede ser una locomotora varada carcomida por el mercurio, sino una fuente natural de vida y de desarrollo sostenible y sustentable. Vamos a vigilar la acción de las CAR, pues se han convertido en coto de caza de la política menor de este país. Y aparecen como intocables. Sin duda, han sido inferiores a las responsabilidades legales que deben cumplir frente al medio ambiente. 

Corrupción

ENS: El Fiscal dice que la legislación penal se ha convertido en una feria de rebajas, ¿está de acuerdo?

FC: La desconfianza en la justicia nace de la percepción de que no vale la pena denunciar si los delincuentes son liberados y mandados a sus casas. El país a diario se sacude con tragedias protagonizadas por bandidos que deberían estar tras las rejas y no en las calles. Los corruptos gozan de estatus y la gente se pregunta ¿denunciar para qué? Al mismo tiempo las cárceles no dan abasto. La reforma de la política criminal y penitenciaria es una prioridad. La lucha efectiva contra el crimen y la corrupción requiere unas instituciones fortalecidas, porque la crisis de la justicia evidencia una falla geológica de la democracia. Sigue siendo una gran tarea pendiente. 

ENS: Varios implicados de Interbolsa tuvieron una baja de condena y no pagarán cárcel, ¿qué opina?

FC: Son ese tipo de situaciones las que evidencian la crisis de credibilidad de la justicia y el sentimiento colectivo que se expresa en la pregunta: ¿denunciar para qué? Hay que castigar a los corruptos con la cárcel, no premiarlos con cortas estancias en sus palacetes, que han construido con el dinero de miles de ahorradores defraudados en la buena fe. La Procuraduría para el presente caso, manifestó que la pena impuesta a los responsables de la defraudación del caso de Interbolsa no es proporcional a la gravedad de las conductas realizadas y pidió aumentar la condena. La Procuraduría no compartió, además, que se les haya dado el sustituto penal de casa por cárcel, pues no se tuvieron en cuenta todas las exigencias que demanda nuestro ordenamiento penal. Seguiremos allí firmes defendiendo los derechos de las víctimas. 

ENS: La Corte le puso un tatequieto a las facultades extraordinarias en el proceso de implementación, ¿Cómo garantizar que se cumpla el límite?

FC: El proceso de implementación debe realizarse conforme a los lineamientos establecidos por la Corte Constitucional. El mejor aporte a la paz es cumplir el ordenamiento jurídico y el mandato constitucional. El compromiso de esta Procuraduría con la búsqueda de escenarios de reconciliación, que posibilite la consolidación de un país en paz es inquebrantable. No puede perderse de vista, sin embargo, que la PGN tiene el deber constitucional de velar por el orden jurídico y la defensa de la legalidad. La opinión pública debe entender que en esta materia no puedo anticipar juicios de valor adicionales, ya que dicha función se debe cumplir a través de los conceptos que rendimos ante la Corte Constitucional.

ENS: El invierno es muy drástico y siempre se llama a alcaldes a que implementen planes de contingencia y no lo hacen. ¿La legislación para castigar ese tipo de omisiones está muy débil?

FC: La Procuraduría General de la Nación instó a los mandatarios locales a aplicar el principio de precaución cuando exista la posibilidad de daños graves o irreversibles a la vida, bienes y derechos de las personas. A través de la Procuraduría Delegada para la Descentralización y Asuntos Territoriales, se está verificando que las entidades territoriales cuenten con un Plan de Contingencia; además de asegurar que hayan reportado su debida implementación a la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), al igual que constatar que se haya creado el Fondo Territorial de Gestión del Riesgo. Hay mucho incumplimiento en estas responsabilidades y  hay que vigilar de cerca estos procesos.