Es una afirmación tajante: la educación o la salud son derechos fundamentales, pero todos los derechos implican deberes y pocas veces se habla de los mismos.

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Especial para EL NUEVO SIGLO

La semana pasada en el periódico El Espectador la profesora de la Universidad Nacional, María Dolores Jaramillo, escribió una carta donde hizo una reflexión en el caso de la demanda por más recursos para las universidades públicas. La carta hace énfasis en el mal uso de los bienes públicos. Además, muestra el poco sentido de pertenencia hacia los recursos públicos. Un tema polémico porque los críticos ya la acusan que, si no tiene cifras, es un documento irresponsable. Lo valioso del escrito es poder comenzar una reflexión sobre una premisa básica que se enseña en la escuela en los grados de primaria, y que parece que se olvida con el paso de los años. Si exigimos derechos también tenemos deberes. Pero cuando se hacen demandas sobre las responsabilidades del Estado por más recursos nada se habla sobre los deberes.

Deberes como darle buen uso al dinero que se invierte, como cuidar los mobiliarios, cómo generar sentido de pertenencia en ellos. ¿Por qué no podemos cuidar los bienes públicos? ¿Por qué los baños de las universidades públicas casi siempre están sucios y deteriorados? No es por falta de limpieza o de personal de aseo, es por el uso que le damos los beneficiarios y la lógica que si es público no merece mi cuidado.

Como firma el profesor y candidato a Doctor Luis Guillermo Torres, “desde mi experiencia en colegio público, he visto que, si bien las luchas por la financiación del sector público son legítimas y necesarias, se desconoce en ocasiones que la defensa de lo público también atañe al cuidado de los espacios y recursos físicos. No considero que financiación, cuidado y corrección sean temas separados. Considero que la carta de la profesora Jaramillo permite reflexionar sobre lo que pasa al interior de las instituciones y la manera como cuidamos y aportamos, desde diferentes frentes a optimizar los recursos.  Es un tema con muchos puntos y perspectivas, unas más radicales que otras, pero coincido en que también es un tema ético donde hay que preguntarnos por nuestra labor diaria y los aportes, que hacemos de manera inmediata”.

Sin embargo, este no es un problema a la educación pública, es un problema que atañe a todo lo público, una concepción errada que solo tenemos derechos con los recursos públicos: para la salud, la educación, el transporte, el espacio… pero ¿por qué no hablamos de deberes? Colarse en el sistema de transporte público ha sido tolerado por muchas personas, con el argumento del mal servicio o porque no hay dinero. En la salud los asuntos de corrupción han cooptado las noticias en los últimos meses, en las calles la destrucción del mobiliario es común. Así, se hace necesario hacer estudios sobre la pérdida de recursos públicos que genera el vandalismo, el mal uso o el robo de los mismos.

Cada derecho lleva aparejado unos deberes y responsabilidades, por ejemplo, el derecho a la educación comporta el deber de ir a la escuela y la responsabilidad de estudiar; el derecho a la salud, implica el deber de cuidarse y no poner en peligro la salud; el derecho de no ser agredido o discriminado implica el deber de no discriminar o agredir. Por lo tanto, no es un tema de coacción. El derecho de pedir más recursos implica asumir unos deberes como la veeduría para el uso eficiente de los recursos, garantizar más cupos y ofrecer una educación de calidad.

En las movilizaciones siempre se pide al Estado más recursos. Inclusive en las marchas el pasado jueves estuvo el sindicato del SENA, la institución que quizá recibe más recursos en todo el país, que cuenta con un presupuesto gigante, que puede mantener una planta de instructores del triple de las universidades públicas, que gracias a los parafiscales y al CREE (el mismo que las universidades públicas desean solo para ellas) tiene recursos garantizados a largo plazo. Esto demuestra que nos cuesta mirar los problemas y las soluciones desde la otra orilla. Los pesos ideológicos o los intereses particulares hacen que lo más fácil sea deslegitimar al otro, anular su discursos, estigmatizarlo y demandar sin proponer.

Así que el debate debe salir de los lugares comunes, más recursos sin especificar para qué. Los detractores dirán que al ser la educación un derecho no tiene por qué explicarse, pero no debemos olvidar que, si cada derecho conlleva un deber, velar por los recursos públicos y hacerlos de beneficio para la mayoría es el deber que tenemos.

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