Debate sobre penas alternativas a guerrilleros | El Nuevo Siglo
Jueves, 1 de Mayo de 2014

La propuesta del fiscal Eduardo Montealegre, de que los guerrilleros de las Farc involucrados en un posible acuerdo de paz con el Gobierno no vayan a la cárcel, sino que paguen con penas alternativas por los crímenes cometidos en estos años de confrontación, fue calificada por el procurador Alejandro Ordóñez como “una de las perlas de todo este proceso, que viene a fortalecer las constructivas críticas que hemos hecho desde el Ministerio Público”, aplaudiendo “que ya se están destapando las cartas y que el señor Fiscal General de la Nación esté reconociendo claramente que habrá impunidad total”.

Montealegre dijo la víspera que “los autores y los máximos responsables tienen que ser investigados, acusados. Se tiene que hacer un juicio justo en contra de máximos responsables por estos delitos. Y que se produzcan las condenas respectivas”, las que se pagarían no con reclusión carcelaria, sino con penas alternativas y citó la experiencia de países donde “se han podido implantar penas como el trabajo social comunitario, la participación de los máximos responsables en programas de restablecimiento social”.

Ordóñez reiteró que “este tipo de ingredientes que le estamos oyendo” al Presidente y al Fiscal “están reconociendo que lo que se está pretendiendo es otorgarle impunidad total mediante el expediente de las penas simbólicas”.

Para Ordóñez, con estas propuestas se estarían realizando “paces no sostenibles”, porque se sacrificaría a las víctimas de estos grupos armados ilegales.

"Estaríamos pretendiendo 'paces' no sostenibles cuando se pretende una paz con absoluta impunidad como es la que están pretendiendo, no solamente lo que exigen las Farc, sino lo que parecería admitir el señor Fiscal General de la Nación y a la que le parecería gustar al señor Presidente de la República. Estaríamos garantizando 'paces' no sostenibles", sostuvo.

Según Montealegre, “lo que tenemos que buscar son fórmulas de equilibrio, fórmulas de cómo equilibrar ese derecho de las víctimas y cómo armonizarlo con el derecho que tiene toda sociedad a la paz”.