Debate sobre atribuciones de la Procuraduría | El Nuevo Siglo
Jueves, 19 de Diciembre de 2013

“El partido Conservador cree que entre mayor sea la dignidad, mayor es la responsabilidad y señala que es un hecho lamentable para Bogotá y para Colombia entera la interinidad vivida por la ciudad capital en las dos últimas administraciones”, consideró a través de un comunicado el presidente del Directorio Nacional de la colectividad Ómar Yepes.

Tras considerar que desde el “presidente de la República hasta el más humilde de los servidores públicos debe acatar los fallos y reafirmar la legitimidad y el respeto al Estado de Derecho”, Yepes, a nombre de la organización política, expresó que “independientemente de las orientaciones ideológicas, políticas o religiosas de los funcionarios públicos, la obligación de todos es cumplir oportuna, eficaz y objetivamente la ley y someterse a los controles disciplinarios, judiciales y fiscales”.

La posición conservadora contrasta con la de otros sectores que 22 años después se lamentan de lo consignado en materia de facultades, atribuciones y poderes que se le asignaron a la Procuraduría y, cómo no, a quien ocupe la dirección de esa entidad de control.

Precisamente ayer, el vicepresidente Angelino Garzón, constituyente de 1991, dijo: "Creo que todos los constituyentes de todos los partidos políticos nos equivocamos cuando les dimos plenos poderes al procurador y a la contralora y nos olvidamos de que un principio básico de los derechos humanos es que a los servidores públicos que son objeto de sanciones disciplinarias, se les debe garantizar el derecho a la defensa".

Según Garzón, es urgente que el Gobierno o los congresistas tramiten una ley para que exista una segunda instancia, distinta a la Procuraduría o a la Contraloría, que garantice a funcionarios sancionados el derecho al debido proceso y la defensa.

"Es urgente y necesario que los ministros de Justicia o del Interior o cualquier senador de la República presenten una reforma constitucional que cree una segunda instancia autónoma que permita a los funcionarios del país garantizar el derecho a la defensa y al debido proceso", aseguró.