Entre las inquietudes que tienen las Cortes frente a la reforma a la justicia está la falta de claridad presupuestal para lograr la descongestión judicial, ya que mientras la rama judicial pide un presupuesto del 5 por ciento del presupuesto nacional, el Estado solo está dispuesto a entregar el 2,5 por ciento. Además, para la Corte Suprema de Justicia la reforma es susceptible de afectar el equilibrio de los poderes públicos, lesionando la autonomía del poder Judicial.

Para el representante Germán Navas, del Polo Democrático, la reforma a la justicia parece una venganza de la clase política en contra de la justicia: “Muy bien hizo el Consejo de Estado y la Corte Suprema al retirarse del debate. Esto de la reforma a la justicia no tiene nada. Acá le quieren poner un limitante a los jueces”.

Según Navas, “lo importante es que discutan ahora qué les van a dar a las Cortes. A la justicia no se le dan limosnas. A la justicia hay que darle lo que la justicia necesite, si queremos que haya justicia. Ellos siempre han dicho que lo que les van a dar no les alcanza, entonces hay que ser justos con la justicia”.

El viceministro de Justicia, Felipe Robledo, le respondió a Navas asegurando que la iniciativa nunca ha sido pensada como una revancha del Gobierno, sino que al contrario es un proyecto que busca iniciativas que fortalezcan el poder judicial del país.

“El debate no puede llevarse al terreno de que es una revancha del Gobierno o el Congreso contra las cortes. En la propuesta no se advierte nada que atente contra la rama, por el contrario los cambios apuntan a fortalecerla”, dijo el viceministro Robledo.

El magistrado Mauricio Fajardo, expresidente del Consejo de Estado, advirtió que no se puede garantizar la autonomía de la rama judicial cuando cada año le toca estar “rogando” que se le giren los recursos necesarios: “La rama tiene que estar todos los años, despacho por despacho, rogando por los recursos para contar con los funcionarios necesarios para poder operar”.