Debate por futuro de Santurbán | El Nuevo Siglo
Domingo, 15 de Septiembre de 2013

El gobernador de Santander, Richard Aguilar, tuiteó que le ha solicitado "al Ministerio de Ambiente la necesidad de una declaratoria del páramo ajustada a la declaratoria del parque y pido atención social y económica a la población afectada. Nunca he solicitado que se reduzca el área de páramo Santurbán. Reivindico los valores de conservación del páramo".

El mandatario seccional se defendió así de las enconadas reacciones del trámite pedido al Ministerio, ya que para los ambientalistas en la práctica lo que se pide es que sólo queden protegidas las 11.700 hectáreas del Parque Regional Páramo de las 37.000 hectáreas de área total.

El gobernador Aguilar, en carta al presidente Juan Manuel Santos, pidió que los linderos del páramo coincidan con los del parque declarado en enero.

De acuerdo con Brigitte Baptiste, director del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt, brazo investigativo en biodiversidad del Sistema Nacional Ambiental (Sina), la petición del gobernador “se sale de todos los procedimientos”, pues no está ajustada al método con el que se están delimitando los páramos de Colombia.

“La manera en que se designa un área protegida regional es técnica y políticamente muy distinta a la designación científica de un páramo. Santurbán es muy extenso y gran parte de sus ecosistemas quedaron por fuera del Parque”, precisó Baptiste.

Orlando Beltrán, ambientalista y defensor del páramo de Santurbán, señaló que "ante todo hay que tener en cuenta que un páramo no se señala ni se determina por decreto, estas solicitudes obedecen a unas razones económicas y políticas que desde luego subyacen bajo una supuesta determinación que en ningún modo puede tomarse".

En su carta, Aguilar le dice a Santos que el proceso de delimitación de páramos está “exponiendo a la comunidad a un estado de incertidumbre y desestabilización de la economía” de quienes viven en zonas que fueron declaradas áreas protegidas, y habla de los despidos masivos de trabajadores vinculados a las empresas mineras que se encuentran en la zona y de las “múltiples peticiones de las comunidades” que reclaman su derecho al trabajo.