“Es preocupante que este proyecto no sea claro en torno a qué instancia debe asumir la vigilancia en las cárceles y abra la posibilidad a la privatización de la vigilancia. El Estado no debería delegar sus funciones y responsabilidades y por eso presento una modificación para este artículo”, declaró el senador Luis Carlos Avellaneda, del movimiento Progresistas, al criticar el proyecto de reforma al Código Penitenciario, considerando que una iniciativa de esas debería ser el primer paso para el diseño de una “verdadera política penitenciaria integral”.

“Mi propuesta es que hagamos algo más de fondo y no simplemente maquillar la ley 65 de 1993. En este sentido creo que –por ejemplo- es necesario vincular a entidades como en Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) para que atiendan los niños que deben estar en las cárceles protegiendo así el núcleo familiar de los reclusos”, dijo el senador Avellaneda en una de las proposiciones de modificación al proyecto oficial.

"Yo no he dicho en ningún momento que este proyecto sea la panacea, ni que sea el único instrumento para solucionar el problema penitenciario en el país. Es una herramienta al lado de otras que tenemos que tomar como Gobierno, incluso así no haya reforma. Tienen que haber medidas administrativas también. Yo le he dicho al general Ricaurte: el problema del hacinamiento lo resolvemos o lo resolvemos, y este proyecto es la cuota inicial para la solución del problema", indicó por su parte el ministro de Justicia, Alfonso Gómez.

El alto funcionario aclaró que la iniciativa ha cursado dos debates en el Congreso y, en este tránsito, el proyecto ha sido debatido en foros, en la academia, con la guardia, con las familias de los internos y con los internos mismos: "No ha sido un proyecto clandestino", dijo.

En la sesión del miércoles pasado, la Comisión Primera del Senado acordó la creación de una comisión ampliada que se encargue de subsanar las objeciones interpuestas por los senadores para la modificación del Código Penitenciario.