Aunque está previsto que el martes comience el Congreso a tramitarse la refrendación del re-acuerdo de paz con las Farc, el debate quedó servido y desde hoy mismo fue tema en distintos escenarios del Capitolio Nacional.

En la plenaria del Senado, por ejemplo, el legislador Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático, dijo que "el Congreso está para implementar, no para refrendar" al insistir que el texto debe ser refrendado por la vía popular. 

"Hay temas que se pueden implementar, como por ejemplo el tema agrario, que seguramente podrá ser discutido o corregido en el Congreso, pero hay temas en los cuales no hay acuerdos en lo básico, como el tema del tribunal, de la impunidad total y de la elegibilidad”, expresó Uribe. 

“La refrendación en el Congreso tiene problemas jurídicos y políticos. No podrá introducir modificaciones en temas fundamentales como la impunidad total, porque ni las Farc ni el Gobierno lo permitirá y porque no tenemos mayorías para eso”, agregó.

Tres razones

En la Cámara, el representante por Antioquia, Santiago Valencia, en nombre del uribismo, advirtió en constancia presentada en plenaria de la Corporación, citó la sentencia de la Corte Constitucional sobre el plebiscito, que condicionó la implementación del acuerdo a la previa refrendación popular.

“La sentencia C-379 de 2016 de la Corte Constitucional y el punto 6 del Acuerdo de La Habana definen claramente la diferencia entre el proceso de refrendación y el de implementación, y cómo ésta última está supeditada a la refrendación previa”, señaló Valencia.

Agregó que la refrendación que se pretende adelantar en el Congreso es ilegal e ilegítima por razones: jurídicas, institucionales y políticas.

Entre las razones jurídicas expuso que “la Constitución y la Ley 5ta de 1992 establecen de manera taxativa las funciones del Congreso y reglamentan su ejercicio, entre las cuales la refrendación no corresponde con ninguna de sus funciones”.

Asimismo, expuso el artículo 413 del Código Penal que establece que, “un juez o funcionario público debe regirse solo por lo que la Ley le permita o conceda, es por eso que al tomar decisiones fuera de todo marco legal o constitucional, apartándose voluntariamente de la aplicación del derecho y ante una notoria ausencia de justicia, estará considerado un prevaricato”.

En cuanto a los argumentos políticos señaló que “el Gobierno se comprometió de manera reiterada y pública a que la refrendación sería popular, es decir, directamente por el constituyente primario”, dijo.

En este sentido agregó que, como lo señaló oportunamente el editorial de EL NUEVO SIGLO (http://bit.ly/2gk1Fyh) “el Congreso de la República no puede sustituir el constituyente primario, y hoy no lo representa, pues mientras el plebiscito obtuvo 12.808.858 votos válidos, los congresistas que tienen asiento en Senado y Cámara suman menos de 11 millones de votos válidos”.

Adicionalmente, precisó que “más del 80 por ciento de los partidos de este Congreso estaban a favor del acuerdo inicial y por lo tanto no representan el sentir de quienes en las urnas votaron No el pasado 2 de octubre, derrotando las mayorías del congreso”.

En relación a los argumentos institucionales, sostuvo que “se pretende con una simple proposición que es la menor de las acciones del Congreso, producir una refrendación que suplante el voto directo del pueblo, atropellando el resultado del Plebiscito que es uno de los mayores mecanismos de participación popular”.

Trámite

Once días después de que el Gobierno Nacional y el grupo de negociadores de las Farc anunciaran la cristalización del Nuevo Acuerdo de Paz, el cual incluye 56 de las 57 iniciativas propuestas por los líderes del No, el Senado recibió de manos del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, las 310 páginas que componen el documento.

El presidente del Senado, Mauricio Lizcano, del Partido Social de Unidad Nacional (La U), aseguró que después de que el Gobierno y las Farc cumplieran con su parte de la renegociación, ha llegado el turno del Congreso para refrendar los acuerdos con "transparencia y responsabilidad".

Lizcano se dirigió a los colombianos y les aseguró que "no los vamos a defraudar. Vamos a refrendar estos acuerdos de manera serena, sin 'pupitrazos', con todas las garantías a la oposición, será un debate de cara al país".

Y agregó: "Recibimos con inmensa responsabilidad estos acuerdos que representan el anhelo de paz de todos los colombianos (...) representan el sufrimiento de millones de víctimas que durante cincuenta años padecieron este conflicto".

De inmediato, Lizcano aclaró que el proceso de refrendación en el Senado iniciará el próximo martes y tomará el tiempo que sea necesario.

"Después seguirá un paso muy importante: la implementación. En ella el Congreso se podrá tomar seis u ocho meses, porque estudiaremos punto por punto, acuerdo por acuerdo, para cumplir al país", concluyó Lizcano.

Proposición

Con la firma de más de 50 senadores fue radicada en la plenaria del Senado la proposición mediante la cual se cita a debate de control al ministro Cristo e invita al alto comisionado para la paz Sergio Jaramillo y al jefe negociador Humberto de la Calle, para que expliquen los alcances del nuevo acuerdo de paz.

El senador del Partido Liberal, Luis Fernando Velasco, sustentó dicha proposición desde el marco legal y constitucional. 

“La Constitución de Colombia en sí misma en un tratado de paz, en ella se consignan todas las políticas que rigen la democracia de nuestro país, es por esta razón que el Congreso se faculta, en representación del pueblo, a debatir la firma del acuerdo”, dijo Velasco.

El propósito del debate será discutir la política de paz del Gobierno, así como los puntos convenidos durante las negociaciones con las Farc, en La Habana. El debate tendría lugar a partir del martes 29 de noviembre.

Entre tanto, se hicieron pronunciamientos por parte de las bancadas en apoyo al nuevo acuerdo de paz. 

El senador Roy Barreras, de La U y miembro de la mesa de negociación, afirmó que “la guerra ha terminado, después de 60 años se logró ponerle fin al conflicto”.

Por su parte, el senador Hernán Andrade, del Partido Conservador, dijo que a pesar de algunas observaciones al proceso, seguirán acompañando la implementación del mismo.

“El presidente Santos obró constitucionalmente. Ratifico el compromiso del Congreso con la paz”, enfatizó el legislador.

En el mismo sentido, se refirió el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, afirmando que el nuevo acuerdo sí incluyó las propuestas del No y añadió que el alto mando militar respalda de manera unánime el acuerdo firmado.

En cambio, la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, fue enfática al decir que con la firma del nuevo acuerdo y la refrendación en el Congreso, se está suplantando la decisión tomada por las mayorías en el plebiscito del 2 de octubre.

Con esta proposición se invita también a las organizaciones sociales que representaron las posiciones del Sí y del No, durante la campaña del plebiscito, a que hagan parte de las discusiones.