La plenaria de la Cámara tiene en sus manos definir en segundo debate cuál será el procedimiento que se adoptará en el proyecto de ley que busca que las entidades públicas territoriales pasen a ser propietarias de los bienes inmuebles donde funcionan establecimientos educativos públicos en que han oficiado por varios años como poseedores: si lograr ese beneficio porque la edificación ha estado en sus manos durante 10 años, como lo establece la iniciativa, o adquirirlo a través de un procedimiento de prescripción ya establecido en la ley, como lo propone una subcomisión designada para el estudio del proyecto.

Se trata de una iniciativa de ley que fue radicada por la representante a la Cámara Elda Lucy Contento Sanz (Partido de La U), la cual fue aprobada en primer debate por la Comisión Primera de la Cámara, que en su artículo primero indica que “las entidades públicas territoriales serán propietarias de los bienes inmuebles donde funcionan establecimientos educativos públicos u oficiales, que hayan poseído ininterrumpidamente por más de 10 años”.

Esta iniciativa está inspirada en un proyecto de ley que hace unos años radicó en el Congreso el entonces senador Carlos Ferro Solanilla.

La Parlamentaria Contento explica que en el año 2003, el Ministerio de Educación lanzó un proyecto de infraestructura escolar para mejorar y ampliar las instalaciones de los establecimientos educativos y le solicitó a las entidades territoriales y nacionales que quisieran ser parte del proyecto, que contaran con la propiedad sobre los inmuebles objeto del mismo.

Luego de realizar la verificación de la titularidad de estos bienes se detectaron casos en los que las instituciones educativas habían sido construidas sobre predios donados por terceros, empresas constructoras, Juntas de Acción Comunal, entre otros, sin que a la fecha, muchos de ellos hubieran inscrito el acto de traspaso de propiedad a nombre de la entidad pública.

Según la misma entidad, la falta de título de propiedad sobre los inmuebles donde se encuentran los establecimientos educativos por parte de entidades públicas, se ha convertido en un obstáculo para que el Ministerio de Educación Nacional pueda invertir en el mejoramiento de la infraestructura, pues la propiedad de los bienes se encuentra a nombre de particulares.

La iniciativa indica que en esta condición se encuentran  al menos 9.700 predios que se necesita legalizar su situación.

Subcomisión

La mesa directiva de la Comisión Primera de la Cámara designó  una subcomisión para estudiar este proyecto y hacer recomendaciones si es el caso.

En este sentido la subcomisión propone los lineamientos para el proceso de adquisición de bienes inmuebles por prescripción adquisitiva por parte de las entidades territoriales, en cambio de que se hagan propietarias de los bienes inmuebles donde funcionan por el solo hecho de ser poseedoras ininterrumpidamente por más de 10 años.

De tal forma que la subcomisión propone que “las entidades territoriales para la adquisición de bienes inmuebles por prescripción adquisitiva, deberán iniciar la inscripción de declaración de posesión regular ante el notario del círculo donde esté ubicado el inmueble análogamente a lo establecido en la Ley 1183 de 2008 y que una vez inscrita la declaración de posesión regular, las entidades territoriales podrán estructurar sus proyectos de solicitud de recursos de inversión ante las entidades del nivel ejecutivo”.