Desde hace algún tiempo se han venido haciendo ingentes esfuerzos por aumentar en el país la cobertura de áreas protegidas, ambientalmente hablando, y se han venido delimitando zonas de especial interés ecológico, tanto por parte de los entes gubernamentales tales como: Ministerio de medio ambiente y desarrollo sostenible, departamentos, municipios, Corporaciones autónomas regionales, como por parte de la sociedad civil a través de consultas populares o por simple iniciativa de particulares. En términos prácticos podemos asegurar que estos esfuerzos han multiplicado dichas zonas y así mismo que en el mismo periodo el país ha perdido un porcentaje mayor en áreas que se están deforestando a lo largo y ancho de nuestro territorio.
Con la introducción en el debate diario de los humanos del tema de la sustentabilidad y el sostenimiento del planeta, se ha hecho conciencia de que del uso adecuado de la biodiversidad depende nuestra supervivencia en el planeta; de esta conciencia se ha derivado una serie de estrategias para separar algunas áreas estratégicas de la posibilidad de intervención humana y de allí se ha derivado el concepto general de áreas protegidas, concepto que fue definido en el Artículo 2 del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) como “un espacio geográfico delimitado, que ha sido designado, regulado y administrado para el logro de un objetivo de conservación” (ONU 1992).
En ese orden de ideas, Colombia es un país avanzado en la designación y delimitación de dichas áreas, pero al mismo tiempo es un país que ha venido permitiendo el deterioro sostenido de sus recursos con lo cual cada vez que avanzamos diez pasos en la dirección de conservar, acabamos retrocediendo once en dirección contraria; evidentemente algo estamos haciendo mal o en algo estamos fallando para que en las sumas y restas de nuestras acciones estemos en permanente retroceso.
Tratando de visualizar el problema encontramos que muchas áreas protegidas ya establecidas no cumplen con sus objetivos de conservación de la diversidad biológica, y que la participación real de poblaciones raizales o colonos o movimientos ilegales que siguen permaneciendo en la zona, son inexistentes; por este motivo la declaratoria de estas zonas suele adolecer de un conocimiento profundo de sus características sociales y culturales, con lo cual las comunidades que habitan o circundan dichas zonas no tienen un real empoderamiento de las mismas y por lo tanto no coadyuvan en su protección y mantenimiento.
Particularmente en nuestro país existen antecedentes de algunos esbozos de zonas o áreas protegidas desde la época del Libertador, pero se vinieron a crear las primeras reservas forestales en el año de 1938, gracias a la necesidad manifiesta de conservar el recurso hídrico para la industria de la caña del Valle del Cauca; posteriormente se fueron ampliando dichas zonas en el país hasta la firma del acuerdo sobre biodiversidad, ratificado en 1994, que obliga a los países firmantes a la creación de sistemas nacionales de áreas protegidas.
El problema central está en que tenemos un mecanismo idóneo y ágil para la creación de las áreas naturales protegidas, pero adolecemos de una falta de coordinación gubernamental que nos está generando dos graves problemas; el primero es que no existen controles eficientes ni suficientes para vigilar el territorio protegido ni existen mecanismos que garanticen la estabilidad de los ecosistemas protegidos, el segundo es que estamos declarando reservas y zonas protegidas en lugares en los que, o bien no existen ya ecosistemas sujetos de protección, o bien existen licencias mineras o de extracción que se devolverán en demandas excesivamente costosas contra el estado. En días pasados se declaró un área protegida un día después de expedir una licencia ambiental minera para el mismo sitio.
No sobra decir que es importante tener áreas protegidas, pero es más importante protegerlas.
@alvaro080255
*Doctorado en Ingeniería de Caminos y experto ambiental