La propuesta del país para el uso sostenible del caimán aguja o cocodrilo americano (Crocodylus acutus) en el área protegida del Distrito Regional de Manejo Integrado de la Bahía de Cispatá y sectores aledaños ubicados entre los municipios de San Antero, San Bernardo del Viento y Santa Cruz de Lorica (Córdoba), fue aprobada por la Conferencia de las Partes (COP 17), CITES.
Sobre los antecedentes de esta trascendental decisión, María Piedad Baptiste, investigadora del programa Ciencias de la Biodiversidad del Instituto Humboldt y representante de la Coordinación de la Autoridad Científica CITES, cuenta que el caimán, distribuido en cerca de 29 países, “fue incluido desde la década de los 80 en el Apéndice I CITES, el más restrictivo de los tres que existen, debido a sus altas probabilidades de extinción por la comercialización ilegal de su piel, catalogada como “muy fina” y “de lujo”, codiciada en mercados internacionales, principalmente, y utilizada en la marroquinería”.
El uso sostenible de la población de caimanes aguja se autoriza después de 15 años ininterrumpidos de procesos de investigación y conservación por parte de comunidades rivereñas de Cispatá -antes dedicadas a la caza del animal y hoy agremiadas en Asocaimán- con acompañamiento de la alcaldía local y la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS).
La estrategia aprobada para el caimán se llama rancheo y cría en granjas y consiste en la recolección de huevos de nidos en el medio silvestre, incubación controlada de huevos garantizando una proporción de machos y hembras, manejo de neonatos y juveniles, y programa de liberación. El 10 % regresa al medio silvestre para garantizar el equilibro de la especie y la sustentabilidad.
El plan de manejo tiene dos componentes principales: 1. La recuperación de la especie de caimanes con censo y monitoreo de las poblaciones silvestres y manejo de su hábitat. 2. Cinco estrategias para la conservación como la declaración de área protegida, programas de educación y divulgación, apoyo al desarrollo comunitario, solicitud de Enmienda ante la CITES y un plan de manejo específico.
El proyecto pasó por varios procesos de revisión, análisis y consulta por parte de los 29 países que tienen distribución de la especie, el grupo de especialistas de cocodrilos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), varios oficiales y el jefe de Servicios Científicos de la Secretaría de CITES, Tom de Meulenaer, quienes apoyaron la versión final del documento.
La experiencia de Cispatá, considerada en el contexto regional, nacional e internacional como emblemática, ofrece alternativas sostenibles de vida para comunidades colombianas afectadas por la violencia del conflicto armado interno pues las estimula para que trabajen y se involucren, en un futuro escenario de postconflicto, en la sostenibilidad de una especie que en el resto del mundo sigue amenazada.
Lo que viene ahora para hacer efectiva la decisión de la CITES, con respecto al comercio lícito y sostenible de la piel del caimán aguja, es consolidar de manera articulada con todos los actores los componentes normativos y técnicos que permitan a las comunidades la exportación de las pieles, confirma María Piedad Baptiste.
Durante este proceso, las autoridades científicas robustecen aspectos técnicos y ecológicos -como los estándares de monitoreo y lineamientos de información- y aprueban que la extracción no afecte la población silvestre de cocodrilos; así garantizan que la cuota de especímenes autorizados para el comercio de pieles se adapte a las condiciones de la población de animales de Cispatá. Por su parte, la CVS y el MADS, como Autoridad Administrativa CITES de Colombia, revisan temas legales y el avalan el cumplimiento de la enmienda.
De igual manera, se concertará con la comunidad benefactora o de influencia del proyecto un reglamento o control local pues ellos serán responsables de la conservación de las poblaciones de Crocodylus acutus, de donde obtienen beneficios económicos, directos e indirectos./ Denis Cavanzo Ulloa