El Departamento Nacional de Planeación, DNP, en representación de Colombia, presentó ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, los resultados de la encuesta nacional de Necesidades Jurídicas 2016, realizada conjuntamente con el DANE.

La encuesta, respondida por más de 50 mil colombianos mayores de 18 años en 9 regiones del país, lo que la convierte en la más grande del mundo aplicada hasta el momento, fue expuesta ante el Comité de Gobernanza Pública de la OCDE en el marco de la Mesa Redonda de Políticas para el Acceso Equitativo a la Justicia, celebrada en París, Francia.

En la reunión participaron delegados gubernamentales de más de 20 países, expertos internacionales y actores de la sociedad especializados en las estrategias para asegurar el acceso efectivo a la justicia, en particular, en el diseño y aplicación de Encuestas de Necesidades Jurídicas.

Los colombianos tienen altas Necesidades Jurídicas Insatisfechas. Así se desprende de la encuesta que sobre la Justicia hizo el DANE con destino a la OCDE y que fue presentado ayer en París.

El sondeo estableció que la gran mayoría de los habitantes del país, el 60% no encontró solución a sus problemas al acudir a los entes judiciales.

El estudio revela también que las zonas como la central, Bogotá, Caribe y Amazonia – Orinoquia el 73,3% de los afectados acude a las acciones violentas por rabia, mientras que en San Andrés asciende al 100%, porque no hay otra opción.

El 31% de lo población no hace nada ante las agresiones por considerar que se pierde tiempo por la gran cantidad de trámites que deben hacer ante las autoridades.

Informe completo

El DNP, a través del delegado de la Dirección de Justicia, Seguridad y Gobierno, DJSG, Manuel Felipe Díaz, socializó en diferentes sesiones los principales resultados de la encuesta de necesidades jurídicas, que fue incluida por primera vez en un nuevo módulo de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida, ECV que realiza el DANE anualmente.

Este ejercicio realizado en Colombia fue ampliamente elogiado por los diferentes países que actualmente se encuentran trabajando en la materia, para superar el actual debate internacional en relación con tres aspectos:

-Un cuestionario de calidad con un gran nivel de detalle.

-La posibilidad de incluir otras variables sociodemográficas al análisis de las necesidades jurídicas de la población.

-El uso de los principales hallazgos para apalancar el diseño de políticas públicas en el marco de la estrategia de largo plazo del Plan Decenal de Justicia, contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018.

Principales resultados

Del total de personas que respondieron la encuesta, el 10% declaró haber tenido algún problema que lo afectó y que requirió la intervención de un tercero en los dos últimos años.

Los problemas relacionados con el sistema de salud tuvieron la mayor participación entre los encuestados, en particular, en lo que tiene que ver con la negación de procedimientos o medicamentos.

El 50% de la población asistió a una institución o acudió a un particular autorizado y reconocido por el Estado (fiscales, jueces, conciliadores) frente a su necesidad jurídica.

El 26% acudió a un arreglo directo con la contraparte.

El 23% no hizo nada (31% dijo que requiere mucho tiempo y muchos trámites; 20% dijo que ya no era importante su necesidad).

El 60% de la población encuestada declaró que sus problemas no se habían resuelto, lo que se define como una necesidad jurídica insatisfecha.

El Comité de Gobernanza Pública de la OCDE, en el cual fue recientemente aceptado como requisito para hacer parte de los países miembro de este organismo, reconoció la excelente contribución metodológica que el país aportará para enriquecer el debate sobre implementación de herramientas que permitan asegurar el acceso equitativo a la justicia y contribuir con la agenda de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS.