Uno de los temas más importantes es el de riesgos en materia de contratación, antitrámites y servicio al cliente.

La oficina de Control Interno de la Gobernación de Cundinamarca fue seleccionada para participar en el Taller Estrategia Anticorrupción, del Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, haciendo parte de un piloto y liderando así la implementación de este proceso en el país.
El Taller se desarrolló con base en dos documentos: 1. Proyecto de metodología y 2. Mapas de riesgos en materia de contratación, antitrámites y servicio al cliente. El evento tuvo lugar el pasado miércoles en el Salón Alejandría de la Presidencia de la República.
“Es importante que Cundinamarca haya sido la gobernación elegida para la prueba piloto, porque para el gobernador Andrés González el tema de lo público ha sido un punto definitivo dentro de su Plan de Desarrollo.  Además, participar nos ayuda a que estemos atentos y nos ajustemos a manejar cierto grado de cuidado para evitar que ocurran hechos de corrupción”, afirmó Luz Estella Romero, directora de la Oficina de Control Interno.
El Programa Presidencial proyectó la metodología para desarrollar esta estrategia con base en experiencias de otras entidades estatales, y llevar a cabo los pilotos fue la forma más idónea de revisarla y ajustarla.
“En el taller trabajamos sobre un mapa de riesgos, que consta de aproximadamente 110 indicadores, que el Programa quiere manejar conforme a la metodología del Departamento Administrativo de Función Pública Nacional.  Ya se tiene una cartilla sobre el tema, pero se quiere articular desde muy diversas ópticas, desde el punto de vista técnico y de ajuste a la norma, pero también con la visión del tema anticorrupción”, explicó Romero.

El Estatuto

Cabe destacar que el estado Colombiano expidió la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación, y sanción de actos de corrupción  y la efectividad del control de la gestión pública.  
Y cómo un mecanismo para alcanzar estos propósitos, cada entidad del orden nacional, departamental y municipal debe elaborar anualmente una Estrategia de Lucha contra la Corrupción y de Atención al Ciudadano, a partir de la una metodología elaborada en el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha contra la Corrupción.
En el Estatuto se establece un régimen de inhabilidades no solo como medida sancionatoria para aquellos que atenten contra la administración pública, sino también para garantizar transparencia dentro de los gobiernos.
Según el Ministerio del Interior, para hacer efectivo que las personas elegidas en cargos uninominales sean independientes de los intereses de sus financiadores de campaña, se incluyen inhabilidades para los contratistas, ya sean personas naturales o jurídicas.
De igual manera, la ley introduce medidas que incentivan actuaciones honestas por parte de los servidores públicos y los particulares. Se incluyen previsiones novedosas como la dependencia directa de los jefes de control interno de las entidades del sector central, de la Presidencia de la República.
Otra novedad en la ley es la de crear herramientas de lucha contra la corrupción desde diferentes frentes del Estado y de la sociedad, para lo que se vincula a los particulares a través de la Comisión para la Moralización y de la Comisión Nacional Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción.
De igual manera, en la ley se fortalecen los procedimientos y los órganos de control junto con las instancias judiciales para facilitar el avance de las investigaciones y reducir los tiempos en que se desarrollan.