El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, anunció este miércoles que restituye como alcalde de Bogotá a Gustavo Petro, destituido en marzo, luego que el Tribunal Superior de Bogotá ordenara el martes que se le reintegrara en su cargo.

"Las leyes, los jueces, me ordenan restituir al alcalde Petro y he firmado el decreto correspondiente", dijo Santos a la prensa.

El presidente señaló que su decreto se ajusta al cumplimiento de una decisión adoptada el martes por un tribunal ordinario.

"Esta decisión es simplemente el cumplimiento de la ley, no tengo alternativa, a algunos les puede gustar y a otros no", explicó Santos.

Según la medida adoptada por el tribunal local de Bogotá, cuando Santos ordenó la destitución de Petro, un exguerrillero de izquierda, que fue impuesta por la Procuraduría, desconoció medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Procuraduría, un órgano encargado de sancionar disciplinariamente a los funcionarios públicos en Colombia, destituyó e inhabilitó por 15 años a Petro en diciembre, acusándolo de haber actuado con dolo cuando reformó el sistema de recolección de basura de la ciudad, que pasó de manos privadas a públicas.

Esta transición se dio en medio de problemas de implementación y generó la acumulación de basura durante varios días en las calles de Bogotá, una ciudad de 8 millones de habitantes.

Tras recibir esta sanción administrativa Petro apeló ante varias instancias judiciales, incluyendo la CIDH, pero después de tres meses de disputa legal el Consejo de Estado negó en marzo pasado varios recursos de amparo a favor del alcalde.

Sin embargo, la decisión favorable a Petro adoptada el martes por otra corte, puede ser apelada.

"La impugnación contra toda decisión de juez de primera instancia, es una acción que está establecida en la ley, que la pueden ejercer los interesados, la Procuraduría y la presidencia", señaló este miércoles a la prensa Iván Acuña, miembro de la defensa del exalcalde tras conocer la decisión del presidente.

Otro proceso paralelo, que pide la nulidad de la sanción emitida por la Procuraduría en diciembre contra Petro, está también en curso ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo de Colombia.