El debate que se ha generado en el Congreso en la reglamentación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), en torno a si los ex integrantes de las Farc con condenas en su contra pueden o no participar en política, debe ser discutido en un Consejo de Política Electoral, el cual será convocado de urgencia, según explicó ayer el fiscal general, Néstor Martínez.

Indicó que “el Consejo de Estado y la Fiscalía han estado estimulando una urgente reunión de un Consejo de Política Electoral con la participación del Consejo Nacional Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil  para que se revise este aspecto y se mire cuál es el estado frente a la normatividad vigente“.

Martínez Neira reveló que le solicitó al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, que se convoque esta reunión para los primeros días de la próxima semana. “Porque nos parece que ese es un elemento que con claridad se les debe decir al país y a los reinsertados porque es necesario introducir modificaciones en la materia”, indicó.

La participación  política de las Farc es una de las columnas estructurantes del acuerdo de paz que la administración Santos alcanzó con esta organización, que ya entregó las armas y que ahora está a la espera de participar en sus primeros comicios en 2018, cuando se elegirá Congreso de la República y presidente de la República.

Por lo pronto la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, como se llama el Partido de las Farc, tiene garantizadas producto del acuerdo de paz cinco curules en la Cámara de Representantes y cinco en el Senado de la República, sin necesidad de obtener un solo voto. Este beneficio lo tendrán en los dos próximos congresos.

No obstante, la Farc presentará listas al Senado y la Cámara con la esperanza de lograr unas curules más en las urnas.

Esta prerrogativa que se le da a la Farc de obtener curules sin ganárselas en las urnas ha sido muy criticada por el Centro Democrático y otros sectores que rechazan esta y otras disposiciones del acuerdo de paz. No obstante es un asunto que parece no tener marcha atrás, a no ser que la Corte Constitucional tumbe la disposición producto del control de exequibilidad que por estos días adelanta.

Hoy por hoy ese no es el tema del debate sino si los ex integrantes de las Farc con condenas en su contra pueden o no participar en política.

Ponencia

Producto de la polémica que se dio en las Comisiones Primeras del Congreso sobre el proyecto que reglamenta la JEP, en la ponencia para el segundo debate se incluyó que una vez se impongan las condenas a los excombatientes, estas serán “incompatibles” con el desempeño de un cargo de elección popular.

De ser aprobada esta proposición la mayoría de los integrantes de las Farc quedarían impedidos para hacer política, pues es de suponer que serán condenados por la JEP una vez ésta comience a operar.

En ese mismo sentido podría suceder que los integrantes de las Farc que estén ocupando las curules en Cámara y el Senado a partir del próximo 20 de julio, tengan que dejarlas una vez se produzca la condena por parte de la JEP.

Desde el comienzo, el Gobierno insistió en que esta disposición era parte del acuerdo de paz, y que además estaba en la reforma constitucional que creó la nueva jurisdicción especial.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, afirmó que en todo caso, el hecho de que los ex guerrilleros sean elegidos al Congreso “no los sustrae de la obligación de la verdad y la reparación, y si no lo hacen se exponen a la cárcel”.

La representante a la Cámara por el Partido Alianza Verde, Angélica Lozano, impulsora también de este reclamo, confirmó que, según la ponencia para segundo debate del proyecto de ley, quedó que “no será compatible cumplir la sanción, sea ordinaria o alternativa, con el ejercicio de la política”.

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