La justicia turca ordenó este miércoles al gobierno levantar el bloqueo de Twitter, motivo de una enorme polémica a pocos días de las elecciones municipales del domingo, que se presentan complicadas para el gobierno del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

El tribunal administrativo de Ankara, al cual habían recurrido la oposición y varias asociaciones, consideró que la medida impuesta por el gobierno es "contraria a los principios del Estado de derecho" y ordenó a la Autoridad de Telecomunicaciones turca (TIB) que la levantara.

El gobierno anunció inmediatamente que iba a acatar la decisión judicial.

"Si el tribunal tomó esa decisión, la aplicaremos", dijo el vice primer ministro turco Bülent Arinç en declaraciones a la prensa.

Desde el pasado jueves, la TIB mantenía bloqueada la red social, acusada por el primer ministro, Recep Tayyip Erdogan, de propalar las acusaciones de corrupción contra su gobierno a pocos días de las elecciones municipales del 30 de marzo.

En los últimos días, Erdogan justificó en varias ocasiones la decisión, denunciando la difusión de "mentiras" y "ataques contra la seguridad" del país.

"Twitter debe respetar la ley turca", afirmó Erdogan.

"No somos una república bananera", repitió en varios actos electorales.

El primer ministro también había amenazado con hacer lo mismo con la plataforma YouTube y la red social Facebook.

El principal partido opositor, el Partido Republicano del Pueblo (CHP) que había presentado la demanda judicial se congratuló por la decisión de la justicia.

"Es imposible dejar que un régimen totalitario silencie a la tecnología", dijo a la AFP uno de los vicepresidentes del CHP, Mrehan Halici.

Según los medios de comunicación turcos, la Corte Constitucional, que también recibió un recurso, debe pronunciarse el miércoles.

Los 12 millones de internautas turcos usuarios de Twitter consiguieron en su mayoría burlar el bloqueo de la red social.

No obstante, la decisión suscitó una avalancha de críticas, tanto en el país como en el extranjero, contra la "censura" impuesta por el gobierno islamista moderado, en el poder desde 2002.

En un contexto electoral muy tenso, la oposición apuntó sus baterías contra Erdogan, acusándolo nuevamente de ser un "dictador" y de querer impedir que avancen las investigaciones anticorrupción que desembocaron en el procesamiento de varios de sus allegados.

El presidente turco Abdullah Gül, utilizador asiduo de las redes sociales, se diferenció del primer ministro expresando públicamente su hostilidad a la medida.

"No se puede aprobar el bloqueo total de las redes sociales", dijo Gul.

"Es una situación desagradable para un país desarrollado como Turquía que es un actor regional de peso que está negociando con la Unión Europea", agregó.

Numerosos países habían expresado su descontento oficialmente ante las autoridades turcas.

El gobierno turco justificó el bloqueo total de Twitter debido a la imposibilidad de obtener, a pesar de "centenas" de decisiones de justicia, que numerosos sitios internet dejen de difundir extractos de conversaciones telefónicas grabadas ilegalmente que cuestionan a Erdogan, a muchos de sus allegados y a varios ministros.

Erdogan acusa de la difusión de las grabaciones y de las acusaciones de corrupción a un ex aliado, el predicador musulmán Fethullah Gulen, que reside en Estados Unidos.

El jefe de gobierno respondió con una serie de purgas e la policía y la justicia turca, sospechosas de estar infiltradas por los "gulenistas", y la aprobación de una polémica ley sobre el control de internet.