El Estado colombiano fue encontrado responsable de la desaparición de 12 personas, del asesinato de otras dos y torturas de otras cuatro, en la retoma del Palacio de Justicia.

Así lo dio a conocer la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a través de un informe, paso previo para que el caso sea trasladado a la Corte Interamericana, teniendo como base las sentencias contra el coronel Alfonso Plazas Vega y el general Jesús Armando Arias Cabrales, así como el informe de la Comisión de la Verdad, el informe del Tribunal Especial y las sentencias del Consejo de Estado condenando a la Nación por los hechos.

Además de responsabilizar al Estado por la desaparición forzada de Carlos Augusto Rodríguez, Cristina Guarín, David Suspes, Bernardo Beltrán, Héctor Jaime Beltrán, Gloria Stella Lizarazo, Luz Mary Portela, Norma Constanza Esguerra, Lucy Amparo Oviedo, Gloria Anzola de Lanao e Irma Franco Pineda, la Comisión hace énfasis en el asesinato del magistrado Carlos Horacio Urán y las torturas a Yolanda Santodomingo, Eduardo Matson, Orlando Quijano y José Vicente Rubiano.

En el caso de las torturas, el organismo internacional afirma que “se enmarcaron en un patrón de abuso de poder, que tenía como objeto interrogar y torturar a fin de obtener información”.

Y también señala que “las detenciones tenían como objetivos interrogarlos y torturarlos a fin de obtener información e incriminarlos como pertenecientes a la guerrilla”.

“A pesar de la condena penal establecida, en primera instancia, contra dos autores mediatos de las desapariciones, han transcurrido más de 25 años desde los hechos del Palacio de Justicia, sin que se hayan adoptado medidas para juzgar a los autores materiales, a los demás autores intelectuales y a sus posibles cómplices en la comisión de los hechos”, anota el documento de más de 115 páginas.

Para la Comisión, es claro que hubo irregularidades cometidas por integrantes de la Fuerza Pública que movieron algunos cadáveres, también por cuenta de las imprecisiones en las actas de defunción.

“Las autoridades militares no esperaron a que los funcionarios competentes de la investigación cumplieran con sus obligaciones legales sino que una vez culminada la retoma efectivos del Ejército Nacional, ordenaron la concentración de los cadáveres en el primer piso, y previo al despojo de sus prendas de vestir y de todas sus pertenencias, se mezclaron indiscriminadamente los restos calcinados en bolsas plásticas”, señala la Comisión.

El documento cuestiona que algunos cadáveres, como el del magistrado Carlos Horacio Urán, fueron lavados, práctica contraria a los procedimientos existentes en la época para el levantamiento e identificación de cadáveres.

La Comisión le dio un plazo de dos meses al Estado colombiano para cumplir siete recomendaciones frente al caso, entre las que se destaca “iniciar la búsqueda y localización inmediata de los desaparecidos para entregarlos a sus familiares”, reconocer internacionalmente la responsabilidad en los hechos y ofrecer una disculpa pública, brindar atención sicológica a los familiares de los desaparecidos y de los torturados y recuperar la memoria de las víctimas.

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