Durante un debate de control político, Darío Cepeda, presidente del Concejo y el concejal Julio Acosta, criticaron la forma como se ha desarrollado el proyecto en el centro de Bogotá y pidieron a la Secretaría de Planeación revisar el accionar administrativo para ejecutar la obra.
De acuerdo con Cepeda, el edificio BD Bacatá “no es un proyecto de renovación urbana y tan solo se limita al aumento del área edificada y de la altura de dicho edificio. Adoleciendo de soluciones a la movilidad vehicular, peatonal del sector y destacándose por negar el necesario ofrecimiento de espacio público a la ciudad”.
Según el concejal, la renovación urbana en el centro de la ciudad tiene un problema con la licencia que fue entregada por un curadora destituida por la Procuraduría General de la Nación debido a las irregularidades que fueron halladas a la hora de otrogar la licencia de construcción de la Torre de Unicentro.
“La exsecretaria de Gobierno, Olga Lucía Velásquez, es hoy contratista de BD Bacatá y es el principal enlace del proyecto con las entidades del Distrito. En su momento les aseguraron que no tenían que presentar plan de implantación, ni pagar plusvalía. Es decir que el proyecto de construcción más ambicioso del país e incluso de América Latina no contribuye o genera pago a la ciudad, pero la actual administración sí está buscando otras fuentes de financiación para su Plan de Desarrollo, esta podría ser una buena oportunidad de comenzar a financiar varios proyectos”, denunció el presidente del Concejo.
Adicionalmente, elconcejal Julio César Acosta subrayó que es “increíble que una ciudad que tiene tantas necesidades y que carece de presupuesto para poder llevar a cabo proyectos de inversión social que mejore la calidad de vida de sus habitantes, se dé el lujo de no cobrar más de 20 mil millones de pesos que le corresponden al Distrito Capital por una posible malinterpretación de las normas”.
Así mismo, Acosta sostiene que se encontraron algunas inconsistencias en los estudios de planeación, aprobación y expedición de la licencia de construcción.
“Lo más grave es haber encontrado un posible millonario detrimento patrimonial a la ciudad por más de 20 mil millones de pesos por el no cobro de la plusvalía que genera el proyecto. Nuestro objetivo con esta denuncia es exigir respuestas de la Secretaría de Planeación e invitar a los órganos de control a revisar todas las actuaciones de la administración en la ejecución de este proyecto”, dijo Acosta.