Marcela Madrid

Especial para El Nuevo Siglo

Cartagena

La calidaddel servicio de la telefonía celular salió otra vez a la palestra, cuando el Gobierno pidió a los operadores un mayor interés para resolver este problema que tiene con los pelos de punta a los usuarios.

En un foro sobre calidad, control y supervisión de los servicios que se realiza en esta ciudad, el ministro de las Tecnologías, Información y las Comunicaciones, TIC, Diego Molano, dijo que se siente defraudado y frustrado por la ausencia de los operadores de telefonía móvil y su poco interés en debatir sobre la calidad.

“Los operadores se esconden frente a sus responsabilidades, no ponen la cara. Si fuera un foro para asignar frecuencias esto estaría lleno de operadores”, sostuvo el Ministro a los asistentes al Foro.

A su vez, el presidente de Asomóvil, Rodrigo Lara, respondió y sostuvo que en el foro sí hay presencia de las compañías, precisamente en cabeza de esta asociación que reúne a las tres compañías (Tigo, Claro y Movistar). Lara le reiteró al Gobierno la necesidad de implementar una normatividad clara para el despliegue de infraestructura. 

“La petición recurrente al Gobierno es que necesitamos una ley que estandarice y haga homogéneo el despliegue de infraestructura en todo el país. ¿Por qué si otros países tienen una ley homogénea, aquí los operadores tienen que responder ante el mosaico de normas de cada municipio?”.

El exsenador planteó los casos de Cali y Montería, donde los gobiernos regionales no permiten instalar antenas celulares en los barrios residenciales, lo que genera incontables quejas del servicio por parte de los usuarios.

Aunque las decisiones sobre la infraestructura para los servicios de telefonía móvil están en manos de las autoridades locales, a principios de este año la Corte Constitucional emitió una sentencia según la cual la ubicación de las antenas de telefonía móvil no podrá estar en intermediaciones de zonas residenciales, jardines infantiles, hospitales o instituciones educativas, entre otros.

Es decir que sí hay una norma general en cuanto a las restricciones en el despliegue de infraestructura. Sin embargo, Lara aclara que los operadores no pueden acatar la sentencia de la Corte Constitucional hasta no conocer el fallo completo.

La decisión de la Corte se basó en el caso de una menor de edad en el Tolima que padece cáncer y recibió la orden médica de alejarse de las radiofrecuencias de las torres de telefonía celular.

Para el presidente de Asomóvil, establecer distancias específicas entre las antenas y la población, no tiene fundamento. “Los argumentos son por ejemplo que esto causa cáncer. Sale un loquito a decir que esto causa daño a pesar de que la OMS ha dicho que no existe evidencia alguna”, dijo Lara.

Mientras tanto, el gremio dijo que trabaja junto con las alcaldías y gobernaciones regionales para lograr acuerdos; ya se hicieron las modificaciones en el POT de Cali y de Bogotá, mientras que en Montería y Cartagena sigue habiendo dificultades.

Según el Ministro, “los que no funcionan son los permisos de muchos alcaldes para hacer realidad esa cobertura y esas torres celulares. En ciudades como Londres, Nueva York y París, las autoridades dan los permisos rápidamente porque tienen muy claro que entre más telecomunicaciones, hay más desarrollo y más bienestar para la gente

Tanto el Gobierno como Asomóvil concuerdan en que al dejar esta decisión en manos de las autoridades locales en lugar de que exista una ley nacional, la operación de las compañías se ve afectada y por ende la calidad del servicio.