Ecuador refutó el viernes el contenido de una carta que la ONG Human Rights Watch (HRW) envió al presidente Rafael Correa, en la que asegura que un decreto del mandatario "no protege los derechos" de los refugiados que llegan al país.

"Ecuador es el país de Latinoamérica con el mayor número de refugiados reconocidos, un total de 56.000, quienes reciben asistencia integral por parte del Estado ecuatoriano", afirma el ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.

La ONG cuestionó una disposición de Correa que fija un reglamento más estricto para otorgar refugio a ciudadanos de otros países.

"El Decreto Presidencial 1182, adoptado el 30 de mayo de 2012 por el Presidente Correa para regular los procedimientos de asilo en el país, no protege los derechos de debido proceso de las personas que solicitan asilo", había afirmado HRW.

"El gobierno del Ecuador tiene derecho a regular quién puede permanecer en el país, pero las solicitudes de las personas que piden asilo deberían analizarse de manera justa", aseguró José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización, agregando que con el decreto "se vuelve cada vez más difícil solicitar asilo".

El documento establece un plazo de 15 días, a partir de la fecha de ingreso a Ecuador, para presentar una solicitud de asilo, así como la posibilidad de rechazar el pedido a quienes han cometido delitos y la facultad de revocar el estatus de refugiado a quienes ya lo ostentan.

"Todos los países de América Latina establecen plazos para presentar las solicitudes de refugio", argumenta la cancillería ecuatoriana y agrega que "el procedimiento de admisibilidad para calificar a los refugiados, sigue de forma rigurosa las directrices" del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR).

Mientras HRW solicitó que se revoque la medida, el gobierno ecuatoriano sostiene que ha recibido cerca de 170.000 solicitudes de asilo, 56.000 de las cuales han sido otorgadas y que invierte unos 60 millones de dólares cada año "para atender las necesidades de los refugiados".

Los pedidos, más de 1.000 por mes, provienen en su mayoría de ciudadanos colombianos que huyen del conflicto armado, seguidos por cubanos, peruanos y haitianos.