Cuba prometió mayores garantías y facilidades al capital extranjero que haga negocios en la isla en la nueva ley de Inversiones que será aprobada este mes, la cual incluye flexibilidades impositivas.
La nueva norma "trabaja en reforzar las garantías a los inversionistas, dijo al diario oficial Granma el jefe de la Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento, José Luis Toledo.
La ley, que ya comenzó a ser debatida por los diputados en sesiones preliminares, "contempla también bonificaciones impositivas y excepciones totales en determinadas circunstancias, así como flexibilización en materia aduanal, para potenciar la inversión", dijo.
La nueva legislación, cuyo texto no ha sido publicado, debe ser sometida al Parlamento este mes para su aprobación y sustituye a la vigente desde septiembre de 1995.
El gobierno espera que la nueva legislación amplíe la participación extranjera en empresas en Cuba. Actualmente, el Estado se reserva el 51% de la propiedad en las compañías mixtas.
Aunque desde 1995 están aprobadas legalmente inversiones de capital 100% extranjero, en la práctica se han ejecutado en asociación con el Estado, quien se reserva la mayoría del paquete accionario.
Al menos públicamente, sólo se conoce un caso de empresa 100% extranjera, una pequeña termoeléctrica en la isla de la Juventud, una ínsula al sur de La Habana.
El fantasma de las expropiaciones
"La nueva legislación tiene que (...) dejar escrito que bajo ninguna circunstancia se van a aplicar medidas nacionalizadoras al estilo de los años 60 y asegurar una repatriación del capital sin obstáculos", dijo Emilio Morales, presidente de Havana Consulting Group, de Miami, en un análisis publicado este fin de semana.
En la década de los años 60, el entonces gobierno de Fidel Castro nacionalizó todas las inversiones extranjeras en Cuba, como parte del proyecto político comunista que impulsó.
Aunque en 1995, tras la desintegración soviética, Cuba se abrió nuevamente al capital extranjero, la ley en vigor asegura que las inversiones foráneas "no pueden ser expropiadas salvo que esa acción se ejecute por motivos de utilidad pública o interés social declarados por el Gobierno", con una "indemnización".
Para Morales, la nueva ley también "deberá permitir la libre contratación del personal cubano sin la intermediación de las empresas del Estado y asegurar que los trabajadores contratados puedan percibir un salario verdadero, con la libertad suficiente para que los empleadores seleccionen al personal a su antojo".
La ley en vigor prevé que el personal cubano "es contratado por una entidad empleadora" la que "paga a los trabajadores sus haberes".
Apertura de los sectores productivos al capital extranjero
Según Toledo, la nueva ley "deja establecido el carácter prioritario de la inversión extranjera en casi todos los sectores de la economía, especialmente en aquellos relacionados con la producción".
La ley de 1995 señala que "pueden ser autorizadas inversiones extranjeras en todos los sectores, con al excepción de los servicios de salud y educación y las instituciones armadas, salvo en su sistema empresarial".
Sin embargo, en su aplicación, el Gobierno priorizó las inversiones en minería, petróleo, turismo y producciones relacionadas con el consumo de los turistas en su estancia.
En sectores vitales para la economía, como la agricultura y la agroindustria, las inversiones extranjeras son muy pocas o nulas, aunque el gobierno reconoce su descapitalización y la falta de recursos, entre otros factores, para impulsarlas.
Toledo señaló que la nueva ley "permitirá además el establecimiento de una carpeta de inversiones, de modo que quienes deseen podrán conocer las áreas de interés para el país. Esta carpeta conllevará también un adelanto en cuanto a la documentación que se requiere para acometer la inversión, de modo que el proceso sea más ágil".
El 23 de febrero, el presidente Raúl Castro dijo que Cuba tiene la "imperiosa necesidad" de atraer la inversión extranjera en interés de "dinamizar el desarrollo económico y social del país".