Vuelve y juega reforma a Educación
Sin duda alguna una de las principales reformas para el próximo año será la del sistema de Educación Superior. Como se sabe, a mediados de este año una iniciativa en ese sentido fue radicada en el Congreso, luego de que en el primer semestre el Ministerio de Educación hubiera realizado un amplio proceso de socialización y debate con estudiantes, rectores y el resto de la academia. Sin embargo, apenas llegó al Parlamento, la oposición a la reforma se incrementó sustancialmente, sobre todo en el sector estudiantil. Aunque el Gobierno excluyó puntos polémicos, como el de permitir el ingreso de capital privado a las universidades públicas, de poco sirvió y en cuestión de semanas de las protestas iniciales se pasó a un paro indefinido en una treintena de universidades oficiales. Ante el riesgo de una pérdida masiva del semestre, el Ejecutivo no tuvo otra opción que retirarla y convocar un nuevo proceso de concertación con miras a presentarla de nuevo el próximo año. Sin embargo, no será un proceso fácil, toda vez que los estudiantes insisten en oponerse a gran parte de los cambios planteados en materia de calidad, cobertura, financiación y otros asuntos clave. El movimiento estudiantil, que tiene ahora una coordinación nacional disciplinada, ya le ganó un pulso al Gobierno y el próximo año lo volverá a plantear, incluso con más fuerza, para condicionar una reforma acorde con sus posturas o, de lo contrario, presionará para bloquearla o hundirla otra vez.
La ‘cirugía’ a las CAR
Uno de los proyectos que el año entrante concentrará gran parte de la atención será la reforma a las Corporaciones Autónomas Regionales (CAR), que se anunció a finales del 2010, en plena tragedia invernal. Inicialmente, incluso, se trató de hacerles una ‘cirugía’ mediante un decreto dictado al amparo del estado de Emergencia Económica, Social y Ambiental, pero la Corte Constitucional lo declaró inexequible. Ahora ya está por terminar 2011 y el respectivo proyecto de reforma nunca llegó al Congreso. El Gobierno sostiene que la demora se debe a que por mandato constitucional debió someter primero el borrador de la iniciativa a consulta previa de las comunidades indígenas y afrodescendientes, y que ese proceso todavía no ha terminado. Pero, en vista de que el país entró de nuevo en época invernal y se prendió otra vez el debate sobre la ineficiencia de las más de treinta Corporaciones Autónomas Regionales y la forma en que manejan más de $1,3 billones de presupuesto anual, el Ejecutivo insistió en que espera llevar el proyecto al Congreso en marzo próximo. No será un tema fácil, puesto que muchas de las CAR son fortines políticos y burocráticos de los congresistas, y éstos, así como los alcaldes y gobernadores, no querrán perder el poder en esas entidades, más aún porque el Ejecutivo propondrá reducir su autonomía y una mayor coordinación y subordinación con el Ministerio de Ambiente.
El dilatado ‘apretón’ tributario
Al comienzo de este año era claro que el Gobierno se alistaba para llevar al Congreso un proyecto de reforma tributaria que, como muchas veces reiteraron el presidente Santos y el ministro de Hacienda Juan Carlos Echeverry, no subiría las tarifas de impuestos ni crearía otros. No obstante, fueron pasando los meses y la iniciativa seguía en construcción. Semanas atrás el propio titular de la cartera de finanzas indicó que el proyecto quedaba aplazado para 2012 debido a que era necesario terminar primero el complejo proceso de revisión y simplificación del Estatuto Tributario, que tiene más de 1.200 artículos, y que está a cargo de la DIAN. Por ahora es claro que la reforma tributaria que se radique en marzo próximo regulará asuntos muy delicados como la estructura de impuestos sobre los combustibles, mecanismos más agresivos y eficaces para reducir la evasión y elusión, cambios en materia de IVA, impuesto de renta y otros gravámenes, ampliación de la base de contribuyentes que paga esos y otros tributos. Igualmente ahondará en materia de filtros para evitar desfalcos como el descubierto con el de las exportaciones ficticias y reintegro de sumas millonarias por IVA. También incluirá apretón a los esquemas de pago de multinacionales del sector petrolero y minero. El esquema de incentivos, alivios y exenciones tributarias también sería ajustado de nuevo. Tramitar un apretón tributario nunca es fácil, la única ventaja para el Ejecutivo es que no es año electoral.
La urgencia del revolcón pensional
Que el sistema de jubilación en Colombia requiere un ajuste a fondo, no es nada nuevo. Tampoco que con el pasar de los años el costoso financiamiento del régimen de prima media (primordialmente público a diferencia de los fondos privados de pensiones) pesa cada vez más en el presupuesto del Estado. Hoy los recursos para pensionar están por encima de 22 billones de pesos, es decir 4% del Producto Interno Bruto. El Gobierno se alista, en consecuencia, a abocar una reforma pensional y planea aterrizarla el próximo año. Es más, el nuevo ministro de Trabajo Rafael Pardo ya ha avanzado análisis respecto a la urgencia de ese ajuste al sistema de jubilación, ya que, actualmente, sólo uno de cada tres trabajadores tiene posibilidad real de pensionarse. Como se sabe, esto se debe a que gran parte de los empleos son informales o no cotizan al sistema. Se trata de un tema de alta complejidad, toda vez que de inmediato agita el clima laboral y pone sobre el tapete polémicas como qué hacer con los regímenes de pensión excepcionales y, por lo general, privilegiados como los de la Rama Judicial o los congresistas. Igualmente es urgente evitar que los fallos judiciales (algunos abiertamente anómalos) sigan ordenando incrementar las partidas de jubilación a cifras exorbitantes. Y qué decir de otras papas calientes dentro de este debate como la posibilidad de subir, otra vez, la edad de jubilación.