El procurador general, Alejandro Ordóñez, expresó la preocupación que le asiste frente a los resultados de la investigación sobre reclutamiento infantil en Colombia, que fue presentado en el Bienestar Familiar (ICBF) por parte de la politóloga Natalia Springer.

Entre otras cifras, el estudio revela que alrededor de 18.000 menores de edad se encuentran afectados por prácticas de reclutamiento infantil y que en promedio 4 de cada 10 combatientes de los grupos Farc y Eln son niños, quienes son sometidos a crueles prácticas de entrenamiento y se encargan de labores tan riesgosas como la ubicación de minas antipersonales.

El jefe del Ministerio Público destacó la importancia de visibilizar este drama humanitario y señaló que el estudio ofrece insumos a la institucionalidad para la formulación de políticas públicas en la materia, al tiempo que afirmó que el panorama descrito con los resultados de la investigación da cuenta de las carencias y debilidades de la sociedad y del Estado para proteger a los niños y niñas colombianos.

Ordóñez afirmó que “estando identificados los escenarios vulnerables, debe ser un reto y un compromiso el fortalecimiento de las actuaciones institucionales  ya que hay normas suficientes, pero lo que no existe muchas veces los efectos prácticos y la voluntad política para enfrentar estos fenómenos que tanto deslegitiman al Estado”.

El jefe del Ministerio Público se refirió a algunas de las actuaciones lideradas por este Organismo de Control frente a la utilización y reclutamiento ilegal de niñas, niños y adolescentes por parte de grupos armados al margen de la ley y de grupos delictivos organizados.