Ahora que el Gobierno Nacional ha emprendido el camino de la negociación con las Farc para silenciar los fusiles y emprender el camino hacia la paz, entre los argumentos esgrimidos para avanzar en el propósito está la consideración económica.

En principio, la reflexión es muy simple: si en medio del conflicto Colombia ha tenido momentos de crecimiento, ¿cuál no sería el progreso que podría lograrse si no existiera confrontación armada?

 

1. El presupuesto

 

De acuerdo con la información suministrada por el Ministerio de Defensa, el presupuesto de 2012 aplicado dentro de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad, solo teniendo en cuenta el sector central de defensa, superó los 17,6 billones de pesos (exactamente 17.699.812.000.000 pesos).

11 billones corresponden a las Fuerzas Militares (Ejército Nacional 5,9 billones, Armada Nacional 1,4 billones, Fuerza Aérea 1,4) y 6,6 billones a la Policía Nacional.

Del monto total del Presupuesto General de la Nación (PGN) de 185,5 billones de pesos para 2013 y que actualmente se debate en el Congreso, uno de los mayores rubros al que se destinan los recursos, es el de Defensa y Policía con 26,1 billones de pesos.

Sin embargo, para el Gobierno el principal componente del PGN, tiene que ver con la inversión social, jalonada principalmente por las inversiones en vivienda, educación y salud. Frente al Presupuesto para este año, el de 2013 tendrá un aumento de 12,2 por ciento.

Para el financiamiento de casi el 65 por ciento del Presupuesto, el Gobierno contempla recaudos tributarios del orden de 102 billones de pesos (hasta el momento se han objetivo 72 billones de pesos).

Con este recaudo el Ejecutivo tiene como objetivo alcanzar el equilibrio fiscal, pero sobresale la entrega de 100.000 viviendas gratis, y quedan apropiadas las partidas necesarias para salud, educación, defensa, seguridad e infraestructura entre otros aspectos.

Precisamente el 56 por ciento del PGN va canalizado a los sectores de educación, defensa, salud y pensiones. Mientras tanto los rubros de transporte, justicia e inclusión social tendrán que repartirse entre el 4 y 6 por ciento de los recursos.

Sin embargo se considera que a su paso por el Congreso, el proyecto va a cambiarse en el destino de algunos sectores. 

Debe tenerse en cuenta que en la iniciativa inicial contemplada por el Gobierno, los recursos para Funcionamiento y Gasto se distribuyen en que para el Servicio de Deuda destinarán 46,6 billones de pesos, con una participación de 25 por ciento.

En el caso de la Defensa y la Policía Nacional se canalizarán 26,1 billones de pesos, Educación 24,6 billones, Trabajo 19 billones, Hacienda 14,9 billones, Protección Social y Salud 11,5 billones, Inclusión Social y Reconciliación 8 billones y Transporte 7,2 billones.

También se destacan en la repartición Vivienda con 3,3 billones, Minas y Energía 3,3 billones, los Ministerios de Agricultura y Justicia con 2,5 billones cada uno. Para el caso de la Rama Judicial contará con un Presupuesto de 2,5 billones de pesos, la Fiscalía General de la Nación 2,2 billones y los organismos de control 1,2 billones.

 

2. Costos

 

Mañana, precisamente, el presidente de la Dirección Nacional Liberal, el representante Simón Gaviria, presentará un estudio para poner sobre la mesa el debate sobre cuánto le cuesta a Colombia mantener la guerra.

Para algunos analistas, como el catedrático Marco Romero, director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) “si esos recursos se invierten a otros menesteres, al desarrollo social, Colombia sería cambiaría sustancialmente”.

Romero recordó que mientras que avanza la guerra crece la pobreza en campos y ciudades, se cierran hospitales, se recortan los recursos de la educación y la salud pública, no alcanza el presupuesto para atender a la población desplazada y crece la vulnerabilidad en la niñez, las mujeres, los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes.

Pero según el conocedor Ramiro Gutiérrez, la inversión en la guerra ya llega a 25 billones de pesos anuales y puntualizó que cada día el país dilapida 53.000 millones de pesos en la confrontación fratricida.

“Al paso que va el escalamiento del conflicto, en cuatro años el país habrá gastado en la guerra el ciento por ciento de lo que hoy es el Presupuesto de la Nación y el desempleo se habrá disparado al doble de lo que es hoy: 40 por ciento según los analistas”, sostuvo.

 

3. Postconflicto

 

Una investigación sobre “el Costo Fiscal del Postconflicto en Colombia” es adelantada por la firma de investigación Raddar y la Corporación Bienestar, con el apoyo del Colegio de Estudios Superiores de Administración (CESA) y la Corporación Siglo XXI.

De acuerdo con los impulsores del estudio, es fundamental que en este potencial acercamiento entre el Gobierno, Farc y Eln, la sociedad comprenda que ante la firma de un acuerdo para llegar al fin de la confrontación armada en Colombia, existen costos fiscales y socio-políticos importantes que debemos asumir:

1. El proceso de desarme de las Farc.

2. El proceso de desmovilización de las Farc.

3. El proceso de Reinserción.

4. La reparación a víctimas.

5. La restitución de tierras.

6. El mantenimiento de las Fuerzas Armadas.

Según un adelanto del estudio, en este momento, el presupuesto de Defensa y Seguridad Nacional es cercano a los 22 billones de pesos, es decir, el 13 por ciento del Presupuesto General de la Nación, y según el documento Conpes 3712, donde se definen los recursos de reparación de víctimas del conflicto, en 2012 se invertirán 6,1 billones más lo adicional de restitución de tierras.

“Situación que deja ver que los costos del postconflicto serán importantes en la futura planeación fiscal del país”, sostienen los autores de la investigación que será publicada en próximas semanas, pero, dada la coyuntura, se considera prudente mostrar, de manera previa, algunos de sus hallazgos.

El objetivo de este estudio es estimar el monto de este proceso y, según plantean los resultados, se estima que el costo estará entre el 18 por ciento y el 20 por ciento del presupuesto nacional como mínimo en los próximos 20 años, debido a que la reparación y reinserción requieren por lo menos una generación para que se consolide.

“Algunos hacen una matemática simple: se gasta más en defensa que en reparación. Si bien en términos generales la afirmación es cierta, lo que realmente ocurre es que el costo del posconflicto incluye un gran costo de mantenimiento de la seguridad lograda”, agrega un adelanto de las conclusiones del informe.

Añade que efectivamente, y como está demostrado en diversos conflictos, después de la fase de confrontación de los grupos ilegales, mantener la seguridad lograda y contener la creación de las bandas criminales es quizá más costoso que el enfrentamiento mismo, ya que requiere un mayor pie de fuerza y grandes inversiones en términos de seguridad urbana y aumento de presencia de las Fuerzas Armadas y de Policía a nivel nacional.

Por esto, se sostiene en estas visiones preliminares, es fundamental que hoy la sociedad colombiana comprenda que el gasto en defensa y seguridad no será un gasto de guerra sino un gasto de aseguramiento de la condición lograda, y este debe ser pensado en un largo período de tiempo.

 

4. Reparación a víctimas

 

Otro de los aspectos claves del estudio mencionado se refiere a cómo indemnizar a los afectados por la guerra.

“La reparación a las víctimas es un paso fundamental en el proceso de reconstrucción del país, pero es imposible que una víctima pueda volver a su tierra sin la presencia del Estado, o de lo contrario simplemente en pocos años las condiciones serán peores porque el conflicto habrá resurgido con tintes mucho más violentos por el fin de las ideologías en los grupos insurgentes y la búsqueda del poder y la riqueza en organizaciones criminales”, sostienen los impulsores del estudio.

Puntualizaron que el costo de la guerra en Colombia ha sido enorme si se habla del presupuesto nacional, pero “es muy probable que debamos pensar que esos 50 años de financiación de la guerra requieran cerca de 20 años de financiación del aseguramiento de la paz”. Ello significa que “debemos mantener el mismo pie de fuerza (e inclusive más) que el que tenemos en el momento durante cerca de 20 años más”, migrando de unas fuerzas armadas de combate a unas de aseguramiento y consolidación de territorio de cara a la sociedad civil.

Por esto, se estima que el costo militar actual de 22 billones de pesos debe mantenerse en el tiempo por lo menos 20 años más, o de lo contrario se perderá lo logrado en el proceso, por el surgimiento de grupos delincuenciales que afecten la seguridad ciudadana, causando que la participación en el PIB y en el presupuesto descienda en términos relativos pero en valor sin duda el gasto será creciente.

 

5. Ahorro en el PIB

 

Para el analista Alfredo Rangel, director del Centro Seguridad y Democracia, de la Universidad Sergio Arboleda, expresó que algunos estudios han concluido que la persistencia del conflicto en Colombia le ocasiona un sacrificio anual de 2 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto (PIB).

El ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, le indicó a EL NUEVO SIGLO que la posible consolidación de un proceso de paz con las Farc generaría una solidez económica indiscutible que podría traducirse en un crecimiento del PIB que llegaría al 8 por ciento.

“Han sido los propios analistas y los empresarios que han hecho cálculos para decir que podemos crecer hasta 2 puntos más del promedio que traemos”, dijo.

“Llegar al 6 u 8 por ciento sería, según muchos analistas, la posibilidad en un ambiente de paz. Lo cierto es que el país con lo que ha hecho hoy con la solidez económica que tiene Colombia, sería un impulso indiscutible”, explicó, para expresar: “El tema de la confianza inversionista con estos diálogos, sí va a traer más inversión en el país”.

Otros cálculos hablan de que la economía podría crecer 3 puntos porcentuales más cada año si se pusiera fin al conflicto armado. Esto significa que cerca de 20 billones de pesos podrían entrar a la actividad generando una mayor productividad de las empresas y proporcionando más empleo.

Aunque estas cifras son estimativos tangenciales, varios analistas consideran que como mínimo el aporte de más inversión y liquidez va a generar más desarrollo en todos los sectores ya que se acabaría la economía de la guerra que le cuesta al país cerca de 26 billones al año.

En un detenido análisis sobre el posconflicto y economía, el presidente de la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda), Roberto Junguito, indicó que “el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera es una iniciativa que todos los colombianos debemos apoyar”.

Destacó el dirigente gremial que “el Ministro de Hacienda ha afirmado que un acuerdo de paz adicionaría dos puntos porcentuales a la tasa anual de crecimiento de la economía. Dicho resultado surgiría de una liberación de gasto militar, cuyos recursos podrían canalizarse hacia la inversión, y de la mayor productividad general de la economía, dada la menor inseguridad interna. Su apreciación se fundamenta en estudios adelantados para el caso colombiano y en la experiencia internacional. Este impacto sería el dividendo de la paz en el largo plazo”.

Sin embargo, para el analista privado Bernardo Ramírez, el aporte de 2 por ciento a la economía “se queda corto, porque se deben estimar todos los actores que tienen que ver con el conflicto y la inversión extranjera, así como la llegada de empresas y la generación de empleo. Con el solo hecho de que el desempleo se estabilice en un dígito, ese aporte significa un punto adicional al PIB porque los nuevos trabajadores van a demandar nuevos productos y atender la oferta que llega ya sea por servicios, comercio, etc.”.