Durante este año el sector de la salud, que venía aguantando escándalos de corrupción, malos manejos, desviación de recursos y otras situaciones complejas que afectaron sobre todo la atención a los usuarios, se convirtió en una bola de nieve hasta que explotó.

Las consecuencias de ello es que en medio de la explosión, quedaron salpicados desde el manejo y responsabilidad del Estado, hasta las entidades y promotoras de salud, así como hospitales, laboratorios, distribuidores de medicamentos y hasta la atención de los médicos.

A la par con la intervención de Saludcoop, la mayor empresa prestadora de salud del país, surgieron en cadena todos los problemas que aquejan al sector, como lo son el manejo ineficiente de recursos, la distribución de los mismos, la situación del Fosyga, y la mala administración de los hospitales públicos por parte del Estado.

Frente a esta situación quedó en evidencia la inoperancia de un Estado en un sector que es fundamental para la población como es el servicio a la salud. El esquema copiado de Chile sobre la reforma a la salud hizo agua y ahora requiere de una profunda reforma que debe ser emprendida conjuntamente por los tres poderes: el Ejecutivo, para proponer reformas estructurales, el Legislativo para adoptar leyes eficientes que permitan enderezar al sistema, y Judicial, que debe tomar medidas y sancionar a los responsables de la crisis de la salud.

Por lo pronto, ya el Congreso aprobó un proyecto de ley que debe ser sancionado por el Presidente Juan Manuel Santos, que permite destrabar cerca de 2,5 billones de pesos que figuran en las cuentas maestras del Estado para atender el sector de la salud.

El objetivo inmediato con estos recursos es mejorar la liquidez del sector. El Ministro de Salud, Alejandro Gaviria dijo que a través del proyecto se busca canalizar esos dineros para aquellos hospitales públicos del país que están atravesando por crisis económicas.

“Son cuentas especiales que solo podían gastarse en el régimen subsidiario de salud, pero que ahora ‘se canalizan’ a los hospitales públicos (…) si uno suma lo de las cuentas maestras y otros fondos estamos hablando de 2.5 o 3 billones de pesos”, dineros que irían a las entidades en crisis para mejorar un poco la situación financiera que presentan.

Según cálculos del Ministerio de Salud, unos mil hospitales son los que están en mala situación económica, pero sólo el 40 por ciento son los que más preocupan al Gobierno ya que han sido declarados en alto riesgo financiero.

De otro lado, en el Legislativo quedan en estudio cuatroproyectos de Ley Estatutaria que están en la Comisión Primera del Senado, pero que se tendrán que debatir a partir de marzo próximo.

De allí pasará a la plenaria de la Cámara y una vez el texto sea aprobado será conciliado y votado en el Senado y en la Cámara. Por último, el Presidente del Congreso remitirá el documento a la Corte Constitucional para que haga una revisión de la constitucionalidad de la Ley. La Corte tendrá un plazo de seis meses para realizar la tarea. Puede devolver el texto con o sin modificaciones o simplemente hundirlo.

Este proceso es diferente al que normalmente sigue cualquier ley ordinaria porque precisamente es para aprobar una Ley Estatutaria. Es decir, una norma que establece el tratamiento a los derechos y deberes fundamentales de las personas y los procedimientos y recursos para su protección.    

Los cuatro proyectos que proponen la existencia de una Ley Estatuaria para la salud tienen varios puntos en común, como por ejemplo, dan un rol y organización distinta a las EPS (aunque sus propuestas son diferentes) y buscan que la salud sea vista como un derecho fundamental, con lo que eso significa. Dos iniciativas profundizan el modelo de mercado regulado, que supone estabilizar financieramente al Estado, y las otras dos buscan cambiar esa estructura del sistema con un Estado que tenga un papel más prominente.

De acuerdo con el Gobierno, el 97 por ciento de la población está carnetizada, por ello los cuatro proyectos plantean declarar la universalidad del servicio. Eso quiere decir, que cualquier persona debe ser atendida solo con el número de su documento de identidad, sin ninguna clase de carné.

Además de la universalidad del servicio, los proyectos de ley coinciden en la prioridad que deben tener los niños a la hora de ser atendidos. También en abordar el rol que deben tener las EPS, pero no hay coincidencia en cuál y cómo debe ser dicho papel.