Por Alvaro E. Sánchez*

En buena hora la ley 99 de 1993 permitió la creación del Ministerio de Ambiente y de un importante número de Corporaciones Autónomas Regionales que de una u otra manera han venido coadyuvando en la protección del medio ambiente en nuestro país; si bien es posible establecer críticas al funcionamiento del uno y de las otras, es inocultable el hecho de que a partir de esta norma el tratamiento del medio ambiente ha tenido una mejora sustancial en comparación con el antiguo Inderena, que se regía por el “Código de recursos naturales”, herramienta muy valiosa en su época y de la cual aún quedan retazos que se siguen utilizando; sin embargo es también claro que existen vacíos muy grandes que podrían ser mejorados con algunos ajustes en las funciones de las autoridades ambientales.

Las funciones

De una parte, el Ministerio de Ambiente por su esencia está llamado a fijar la política macro en el país en materia ambiental y las Corporaciones Autónomas Regionales están llamadas a hacer cumplir las normas y directrices que imparte el Minambiente; de otra parte, la ANLA y las Corporaciones tienen la función de otorgar licencias o permisos para realizar las actividades de desarrollo en condiciones que no afecten el medio ambiente de nuestro país. En teoría el control sobre los permisos otorgados estaría en las tres entidades pero para ello existen muchísimas limitantes que se debería entrar a combatir.

El problema

Si bien la labor realizada por la ANLA es incuestionable en términos de la rigidez de sus conceptos y de sus exigencias, para el beneficio ambiental del país; no es menos cierto que la misma actividad en algunas de  las Corporaciones está inundada de rumores sobre no tan estrictos manejos para las licencias que a ellos les corresponden. En cualquier caso en todas las entidades se maneja el tema con una base de información solicitada muy grande y extensa que permite hacerse una idea concreta sobre el ecosistema que se va a ver afectado; sin desconocer para nada el inmenso esfuerzo hecho por la ANLA en comenzar la construcción de algunas líneas base, se debe reconocer también que en la mayoría de las ocasiones la información es facilitada por los consultores de quienes solicitan la licencia y es muy difícil su verificación por falta de parámetros de comparación.

Esta manera de llevar a cabo el proceso de licenciamiento tiene tres problemas igualmente graves; se manejan datos que no necesariamente reflejan la realidad y sobre ellos se toman decisiones, los procesos se demoran demasiado por la necesidad de exigir excesiva información para poder realizar las verificaciones parciales y prácticamente no tienen ningún control sobre las actuaciones que se hagan después de obtenida la licencia. Obviamente no pretendo insinuar que se elimine el  proceso de licenciamiento, esto haría mayor el daño producido por el remedio que el que produce la enfermedad.

El control

Tal como ya lo expresé, el control del cumplimiento de las normas y de los compromisos adquiridos con las licencias otorgadas recae en el Ministerio, en la ANLA y en las Corporaciones Autónomas Regionales, pero ninguna de las entidades mencionadas cuenta con una adecuada nómina que permita el control efectivo de dicho cumplimiento, valga como ejemplo el caso de Corporinoquía, que con el extenso territorio que vigila, tiene menos de diez funcionarios de nómina que estén dedicados al control y vigilancia; esto aunado al hecho de que en Colombia no se han implementado auditorías que certifiquen el manejo ambiental de los diferentes procesos y tampoco se ha implementado la obligación de las empresas de mantener este tipo de auditorías en sus actividades. De esta manera, el control se practica con muchas limitantes, entre ellas se pueden destacar: es un proceso aleatorio o producto de denuncias pero no puede ser sistemático y permanente por la falta de recursos para ello; no existe una metodología establecida que permita tener unos parámetros preestablecidos para la evaluación del cumplimiento de los compromisos adquiridos en la solicitud de licencia haciendo de alguna manera subjetivos algunos de los controles, no se puede delegar en auditores ambientales, como ocurre en otras latitudes, por cuanto no hay certificaciones ni capacitaciones para ello en el país, y los comparativos con la línea base se realizan con documentos que no reflejan necesariamente la realidad.

Otras consecuencias

El planteamiento del gobierno nacional en cuanto al crecimiento económico, en cuanto al aumento del empleo y en cuanto a la mejora de los índices de desarrollo, está basado en diversas actividades que requieren de procesos de licenciamiento.

Los problemas enunciados hacen que dichos procesos tengan retrasos y, a su vez, frenen el impulso de dichas políticas con el consecuente malestar de quienes están a la espera de las soluciones. Entre tanto, el deterioro ambiental continúa a pesar de los esfuerzos basados en la legislación vigente.

La solución

Podrían plantearse un sinnúmero de soluciones que ayudaran a mejorar las condiciones, sin embargo quiero inclinarme por una proposición de cambio radical del sistema de licenciamiento y control que permita acelerar los procesos de licenciamiento, lo cual indudablemente será motor que dinamice la economía, sin perjuicio de un estricto cumplimiento de los parámetros que garanticen la protección adecuada de nuestros ecosistemas. La propuesta en concreto es facilitar y agilizar los procesos de licenciamiento, rebajando al mínimo los requisitos previos y partiendo del principio de la buena fe; simultáneamente, se deberá incrementar el control mediante la capacitación y certificación de auditores ambientales que, a la manera de los contadores públicos tengan responsabilidades ante la ley y ante la sociedad. Las empresas o personas que soliciten licencias deberán contar con auditorías permanentes de estos expertos y ellos deberán pasar informes anuales en conjunto con la revisoría fiscal de cada proceso, sabiendo que son responsables solidarios de cualquier mal manejo que en lo ambiental se haga en los procesos licenciados.

Si este proceso se lograra poner en funcionamiento, se liberará una importante cantidad de recursos que podrán dedicarse a la verificación aleatoria de las auditorías propuestas y a la creación de un observatorio ambiental que permita, desde lo macro, detectar los efectos de los procesos sobre los ecosistemas permitiendo aumentar las verificaciones en las áreas afectadas.

* Director Maestría en "Gestión y evaluación ambiental". Escuela de Ingenierías. Universidad Sergio Arboleda

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